Recurren los populares y UPN la ley Celaá ante el Tribunal Constitucional
Madrid. El Partido Popular presentó ayer, junto con Unión del Pueblo Navarro, un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley educativa, conocida como Ley Celaá (Lomloe), decisión ante la que el presidente del PP, Pablo Casado, argumentó que el texto “es un atentado contra la libertad” y que en cuanto llegue al Gobierno se encargará de derogarla.
Junto al presidente de UPN, Javier Esparza, presentó el recurso en un acto celebrado en un colegio concertado, con la participación de la presidenta de Cofapa, Begoña Ladrón de Guevara, y el director de dicho centro, Juan Ramón de la Serna.
El líder de los populares indicó que la norma conlleva una serie de “problemas de libertad, de unidad del sistema y de calidad del mismo”.
Según detalló, es un “atentado contra la libertad” de elección de centro educativo, para escoger la enseñanza concertada y la especial para niños con discapacidad.
En este sentido, el presidente del PP lamentó “las palabras impresentables e inadmisibles” de la titular de la cartera de Educación y FP, Isabel Celaá, tras su respuesta al diputado popular Juan José Martí, padre de una hija con síndrome de Down, en el pleno del Congreso del miércoles. “En mi opinión, merecería su cese inmediato”, consideró.
Defendió la “legitimidad” del su partido para afirmar que intentó llegar a un Pacto Educativo “desde el principio”, y recriminó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “no ha pactado con la comunidad educativa, no ha pedido un informe al Consejo de Estado y se ha tramitado en pleno estado de alarma” por la pandemia del coronavirus.
Respecto a la unidad del sistema, dijo que “claramente esta ley conculca lo que es una riqueza” y que “ataca al castellano como lengua vehicular en toda España”.
“Lo que resulta ridículo es que, además, se utilice la lengua como instrumento de ingeniería social para intentar tejer esos compartimentos estancos en las comunidades donde el nacionalismo está gobernando, como es el caso de Navarra, del País Vasco, de la Comunidad Valenciana, de Baleares o, por supuesto, de Cataluña”, apuntó.
Desde su punto de vista, es necesario que haya un 65 %, al menos, de materias troncales frente al “uso torticero de la educación al servicio de intereses partidistas”. El tercer punto en el que se está conculcando la unidad del sistema, según indicó, es que le ley deriva la inspección educativa a las comunidades.
Los populares creen que la ley va contra la calidad educativa porque permite “pasar de curso con más asignaturas suspensas, incluidas las troncales”, y rechaza las evaluaciones de conocimientos y una EBAU nacional para el acceso a la universidad.
Según Casado, el PP ha abordado el tema con UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria, PNV e incluso con “algún partido nacionalista catalán”, aunque como el debate coincidió con el de los Presupuestos Generales del Estado, “prevaleció completamente esa negociación”.
“Nosotros lo hemos intentado”, insistió, y añadió que el objetivo del PP es que la ley no llegue a entrar en vigor.
El recurso, de 90 páginas, impugna 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (tercera y cuarta) de la ley. e.p.