Socios de Sánchez condicionarán los presupuestos: no le darán carta blanca

Los socios del Gobierno en el Congreso avisaron esta pasado martes que no darán cheque en blanco a los presupuestos generales de 2022 y estipulan condiciones que van desde la regulación definitiva de los alquileres hasta modificaciones en la Ley de Memoria Democrática: “Se suda y se negocia”, zanjaron desde ERC.

Con este ambiente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, inició la ronda de contactos parlamentarios en el Congreso para buscar apoyos no solo a las cuentas públicas de 2022 sino también a las leyes que se debatirán próximamente, como la de Memoria Democrática, la nueva Ley Audiovisual o la del voto rogado.

Bolaños busca también respaldo al proceso de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el Parlamento, y aunque no lo ha encontrado en el PP sí lo ha apoyado ERC, pese a que los republicanos puntualizan que lo importante es cambiar el acceso a la carrera judicial para que puedan entrar los colectivos económicamente más desfavorecidos.

Además, el Ejecutivo confía en sacar adelante el proyecto de presupuestos, la ley más importante del año, pero el ministro de la Presidencia y el secretario de Estado de Relación con las Cortes, Rafael Simancas, tendrán que acercar más las posiciones con sus socios en otros asuntos.

El primero, el de la vivienda, ya que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, dejó claro que el acuerdo sobre la nueva Ley de Vivienda tiene que “estar sustanciado antes de que pueda haber unos presupuestos”.

“La ciudadanía no entendería que un acuerdo público de hace un año no estuviera ya aprobado”, advirtió Echenique, mientras el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, resta importancia a las “tensiones” que siempre se dan en toda negociación.

Los socialistas afirman que los presupuestos del 2022 son más necesarios que nunca para apuntalar la recuperación económica y reconocen que queda mucho trabajo por hacer y mucho que dialogar.

De momento, el Gobierno constató su lejanía con el PP tanto en materia presupuestaria como sobre el poder judicial, ya que la reunión de Bolaños con la portavoz Cuca
Gamarra solo consiguió un acuerdo: el de reactivar la subcomisión para modificar el voto rogado en la Ley Electoral.

Fuentes del Ejecutivo señalan que el PP “sigue enrocado en no cumplir con la Constitución” sobre la elección de los jueces y le acusan de imponer, mientras que los populares recriminaron al ministro “bloquear la renovación” del CGPJ al anunciar que no apoyarán este martes su propuesta para que los jueces puedan elegir a la mayoría de los vocales.

Y en torno a los presupuestos el Gobierno señala que Bolaños pidió diálogo y tendió la mano al PP y los populares aseguran que no les dieron ningún detalle sobre las cuentas y que su política fiscal es completamente opuesta: bajar impuestos.

A esto se suma que lo largo de este día los partidos que apoyaron la investidura lanzaron varias exigencias: ERC pide cambios en la Ley de Memoria Democrática: “Que nadie dé por seguro el voto de ERC a nada”, dijo su portavoz, Gabriel Rufián, que ve a un PSOE “demasiado tranquilo”.

También EH Bildu advirtieron que el Ejecutivo debe cumplir con la derogación de la Ley Mordaza. “La Ley de Alquileres es un derecho que hay que preservar”, dijo la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa.