Vox permite al Gobierno salvar el decreto de fondos europeos al abstenerse

El PP critica que la formación verde se convierta en salvavidas de Sánchez// Cs le acusa de darle la llave para gastar sin control
Mario Álvarez
Espinosas de los Monteros, ayer en rueda de prensa ante el Congreso. Foto: Eduardo Parra/E.P.

La abstención de Vox permitió ayer la aprobación del decreto ley para agilizar la gestión y determinar la gobernanza de los fondos europeos de reconstrucción, a pesar de que los votos en contra de PP, ERC y Ciudadanos –junto con otros partidos minoritarios– hicieron dudar de que la norma saliera adelante.

El decreto ley fue aprobado por el pleno del Congreso con 170 votos a favor, 126 votos en contra y 56 abstenciones, en tanto que también se acordó por mayoría su tramitación como proyecto de ley, según informa la Agencia Efe.

La intención del PP y ERC de votar en contra, a la que luego se sumó Ciudadanos, hizo pensar que el decreto podría decaer, pero la sorpresa vino por parte de Vox al anunciar su abstención, después de que el duro discurso en la tribuna de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, presagiara un voto negativo.

La formación negó haber negociado con el Gobierno su abstención y aseguró que su voto se había guiado por la necesidad de que los 140.000 millones de euros de la Unión Europea lleguen cuanto antes a los comerciantes, hoteleros y autónomos a quienes se les ha obligado a cerrar sus negocios por la pandemia.

El objetivo del decreto ley es eliminar los cuellos de botella administrativos para aumentar la absorción de los fondos que España recibirá en los próximos seis años.

Asimismo, fija como máximo órgano de gobierno de los fondos europeos la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, integrada por todos los miembros del Consejo de Ministros, cuatro secretarías de Estado (Economía, Hacienda, Presupuestos y Derechos Sociales), la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y la oficina económica de Presidencia del Gobierno.

Este aspecto fue criticado de forma generalizada por buena parte de los grupos, que acusaron al Ejecutivo de diseñar una gobernanza centralista en la que no hay margen para las administraciones territoriales.

Al término del debate, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, dio las gracias a los todos partidos que habían apoyado o facilitado la aprobación del decreto, “sea quien sea”, y acusó al PP de liderar “el ranquin de la deslealtad contra el país”.

“Podría haber entendido una abstención con una puesta de perfil, pero el PP ha fallado a la primera. Ni en el peor de los cálculos podíamos imaginar que hiciera semejante cosa... Es la antipolítica absoluta”, consideró sin hacer mención al voto en contra de otros como ERC o Cs.

El portavoz parlamentario de Cs, Edmundo Bal, consideró la postura de Vox “por completo incomprensible” y “absolutamente difícil de entender” viniendo de un partido antieuropeísta, y justificó su voto en contra en que la ley no establece mecanismos de control y no se rige por un modelo europeo, con una agencia independiente para la gestión de los fondos.

La portavoz del PP, Elvira Rodríguez, rechazó el decreto porque modifica leyes administrativas “por la puerta de atrás” eliminando controles y con ello garantías.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, censuró un decreto que “está escrito para Florentino Pérez” y no para los millones de pymes, autónomos y trabajadores del país, argumento similar al esgrimido por la CUP y el BNG, que consideró que los fondos de reconstrucción solo irán a parar a las grandes empresas.

Ironizó además con el “curioso” apoyo de Vox a una ley del “gobierno filocomunista”.

Entre las formaciones que negociaron con el Gobierno su apoyo al decreto está EH Bildu, tras acordar que durante su trámite como proyecto de ley se aumentarán las garantías de transparencia y de control de los proyectos, y se incrementará la financiación y dotación para los ayuntamientos.

También Más País-Equo negoció su apoyo a cambio de la puesta en marcha de un proyecto piloto de ámbito nacional dotado con 50 millones de euros para ayudar a empresas que apuesten por la reducción de la jornada laboral a cuatro días semanales.