BNG y PPdeG demandan un número de inyecciones equitativo

Santiago. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) demandó al Ejecutivo español que el reparto de las dosis contra el coronavirus que pueden recibir los mayores de 80 años se haga teniendo en cuenta el porcentaje que representa dicho grupo de riesgo en cada territorio. Esta exigencia también la hizo resonar el PPdeG, que abogó por una entrega acorde “a la proporción de población objetivo” que pretenden inmunizar próximamente.

En una rueda de prensa celebrada en Santiago ayer, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, pidió que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez “suministre a Galicia la parte de las vacunas que le corresponde por población”, una solicitud que el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Pedro Puy, recordó que el Gobierno autonómico ha defendido “durante semanas” tras ser cuestionado al respecto.

En concreto, Ana Pontón detalló que el 8,2% de los españoles mayores de 80 años residen en la comunidad. Por ello, reclamó que debe garantizarse que “el 8,2% de las dosis van a llegar a Galicia” sin importar el “número de vacunas que se distribuyan en estas semanas”. Ello posibilitará “poder atender al porcentaje de población que corresponde” y que los gallegos “no vean disminuido el ritmo de vacunación” en consecuencia.

“Si el Gobierno central entrega esta semana 200.000 dosis, tendría que entregarle a Galicia 16.400. Ni una menos”, advirtió asimismo la líder nacionalista.

Del mismo modo, remarcó que la recepción del porcentaje proporcional a la ciudadanía será la garantía de que no se ejerce “ningún tipo de discriminación” sobre los habitantes gallegos mayores.

Cuestionado al respecto de las palabras de Pontón, también el portavoz del PPdeG en el Parlamento, Pedro Puy, señaló que el reparto se ajuste “a la proporción de población objetivo” que se busca vacunar es “lo que lleva reclamando el presidente de la Xunta durante semanas”.

Sobre el envío de las dosis, Alberto Núñez Feijóo indicó ayer que estas “llegan a cuentagotas”. Para Puy existe “un problema” que “no es responsabilidad del Gobierno”. “La propia presidenta de la Comisión Europea reconoció que fueron demasiado optimistas cuando firmaron los contratos”, afirmo al respecto ecg