tratar de dar “seguridad jurídica”

Madrid. Los presidentes de las Salas de lo Contencioso-Admistrativo de España y magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo preparan una reunión para la primera quincena de septiembre con el objetivo de marcar criterios que den una mayor “seguridad jurídica” en materia de autorización o ratificación de medidas sanitarias urgentes para la salud pública, adoptadas por las administraciones con motivo de la pandemia del coronavirus, según informaron a Europa Press fuentes judiciales. Tal como establece la Ley, corresponde a la Jurisdicción Contencioso-administrativa la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren “urgentes y necesarias” para la salud pública, e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.

Hasta el momento, hubo disparidad de criterios a la hora de dar respuesta por parte de los tribunales a las restricciones establecidas por las diferentes autoridades sanitarias para contener la expansión de la covid-19, de forma que en algunos lugares se han ratificado, en otros se han suspendido e, incluso, en algunos casos se ha determinado que los Gobiernos autonómicos no necesitan ratificar esas medidas.

También se dan casos en los que, en base a la evolución de la pandemia y los datos de incidencia de ésta en ciertos ámbitos, el mismo tribunal dicta en momentos diferentes resoluciones que pueden resultar contradictorias, aunque, en sí no lo sean, tal como ocurrió en Euskadi.

La Sala de Vacaciones del TSJPV adoptó el pasado 14 de agosto la medida cautelar de suspender las limitaciones horarias al ocio nocturno establecidas por el Departamento de Salud (al no quedar probado por informe que se produjeran más rebrotes en estos establecimientos), para esta misma semana ratificar, de forma provisional, el cierre de estos locales por “los múltiples focos” que se habían producido en Euskadi en los últimos días en ese entorno, constatado en informes del Gobierno Vasco.