La ministra insiste en que las comunidades tienen medidas para mantener a raya el virus

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, defendió este miércoles que las comunidades autónomas seguirán teniendo, con su legislación ordinaria y con el decreto aprobado por el Ejecutivo central, “medidas suficientes para seguir manteniendo el virus a raya” una vez haya acabado el estado de alarma.

Así se pronunció la titular de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde reconoció la existencia de voces discordantes respecto al decreto aprobado por el Gobierno con el que el Tribunal Supremo tendrá cinco días para resolver sobre las medidas adoptadas por las autonomías.

A este respecto, Darias repitió en varias ocasiones que el escenario actual y a partir del fin del estado de alarma, es distinto al de hace seis meses cuando se aprobó esta norma jurídica a petición de gran parte de las comunidades autónomas.

“Por ahora entendemos que las medidas que tienen a su disposición, conforme a la legislación ordinaria y con el real decreto aprobado, son medidas suficientes para seguir atajando y manteniendo el virus a raya”, subrayó.

Por último, la ministra recordó que la duración del estado de alarma de seis meses “fue objeto de duras críticas” y ahora, según entiende, la situación epidemiológica ha cambiado con la llegada de la primavera y con el ritmo de vacunación, del que dijo que va “como un tiro”.

TENDENCIA DESCENDENTE Darias destacó también la “suave tendencia descendente” de la transmisión del COVID-19 que se está observando en las últimas semanas en España y que, además, se espera que continúe en los próximos días. Explicó que la reducción de la transmisión se está produciendo a nivel general, si bien hay dos comunidades autónomas que están incrementando la incidencia de contagios y cinco que se mantienen en los mismos niveles de hace unas semanas.

Las comunidades autónomas notificaron este miércoles al Ministerio de Sanidad 6.317 nuevos casos, 4.007 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. De esta forma, la cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.551.262 desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Además, la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 205,52, frente a 213,90 ayer. “Estamos en una tendencia descendente con carácter general y creemos que se puede mantener durante los próximos días”, detalló.

COMPUESTO DE JANSSEN La ministra dijo también ayer que su departamento valorará la próxima semana si se prescribe la vacuna monodosis de Janssen, la última que ha llegado a España y que otorga inmunidad con un solo pinchazo, al grupo de 50 a 59 años, que ya está siendo vacunado en Melilla. De momento será vacunado con Pfizer o Moderna.

ÚLTIMA PALABRA El decreto-ley de medidas urgentes aprobado por el Gobierno de cara al final del estado de alarma permitirá tanto a las comunidades como a la autoridad estatal recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) cuando los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y la Audiencia Nacional, respectivamente, se nieguen a ratificar las medidas restrictivas adoptadas en materia sanitaria para luchar contra el coronavirus.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, explicó que el objetivo de este decreto-ley es que el Tribunal Supremo pueda “unificar doctrina” para evitar el escenario que se abrió con el final del primer estado de alarma, cuando quedó al criterio de cada juez la decisión de autorizar o rechazar las medidas sanitarias adoptadas por los ejecutivos autonómicos, dando lugar a dictámenes contradictorios.

En la misma línea con estas protestas, el vicepresidente Alfonso Rueda lamentó que la “solución” que se dé a las comunidades pase porque cuando tengan que adoptar una medida, haya que “judicializar esa decisión y plantearlo delante de un tribunal”. “Si ese tribunal no nos diese la razón, tendríamos otra vez que plantearlo delante del TS. Estamos remitiendo todo a una falta de agilidad, a unos plazos, y a poner unas decisiones que son de carácter clínico siempre en manos de las instancias judiciales que, probablemente, ni lo hayan pedido ni es lo que necesitan las comunidades”, avisó. e.p.