Xunta y hosteleros perfilan un nuevo plan de rescate al sector
En una situación ya compleja a causa de la crisis del coronavirus, los hosteleros gallegos temen que su posición se complique todavía más con el endurecimiento de las restricciones anunciado en Galicia desde mañana.
Con esta inquietud sobrevolando por sus cabezas, representantes de la Mesa negociadora de la hostelería se reunieron ayer en San Caetano con el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña y la titular de Emprego, María Jesús Lorenzana, que en general se mostraron sensibles con sus demandas.
Un encuentro en el que, según informó la Xunta, ambas partes trabajaron para consensuar nuevas líneas de apoyo a los establecimientos en esta fase de la pandemia. El Gobierno gallego, así mismo, trasladó el compromiso de seguir al lado de los sectores que más están sufriendo.
En esta línea, tal y como se hizo en noviembre, en la reunión se avanzó de cara a perfilar un nuevo Plan de Rescate a trabajadores autónomos, microempresas y establecimientos hosteleros cerrados por el coronavirus. Este segundo Plan tendrá unas características similares al que se puso en marcha a finales de año, aunque se simplificarán los requisitos para que el acceso a las ayudas “sea aún más ágil y sencillo”. La primera convocatoria del Plan ya completó casi el 80% de los pagos a más de 30.500 solicitantes que cumplieron con los requisitos, por importe de 65 millones de euros.
La Xunta, trasladó el vicepresidente Rueda, fue la primera en inyectar liquidez a los negocios, “pero se hace necesario la implicación de todas las administraciones más allá de colores políticas o debates sobre competencias”.
‘Modelo Valencia’. Así, tanto el Gobierno gallego como los hosteleros propusieron abrir un “triple frente” para paliar el impacto económico de las restricciones mediante un fondo de cooperación Covid-19 que cuente con la participación de la Xunta, las diputaciones y los grandes concellos para salvar del cierre a las empresas y autónomos siguiendo el llamado modelo Valencia, donde la Generalitat aportará el 50% de los recursos, las diputaciones el 30% y los ayuntamientos el 20% .