Férreo control policial en la primera ‘escapada’ estudiantil por vacaciones

A pesar de los malos datos del COVID en Santiago –con 44 casos más ayer que el jueves y un total de 1.144 pacientes infectados–, que obligaron a regresar al cierre perimetral de la ciudad, las fiestas en pisos no cesan y la Policía Local tuvo que acudir la pasada noche a cuatro viviendas que habían sido denunciadas por ruido.

El incremento de las multas por decreto en un intento de frenar estas reuniones sociales parece que no está dando el resultado deseado por las autoridades, pese a llegar hasta los 750 euros, una cantidad muy elevada, sobre todo tratándose, en la mayoría de los casos, de universitarios con pisos alquilados

Aunque el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, acordó endurecer estas sanciones para frenar la curva del COVID, el fin de semana pasado la Policía Local tuvo que acudir a 12 inmuebles, después de que los vecinos avisasen de un elevado nivel de ruido. En uno de los casos tuvieron que regresar, en este caso en la mañana del domingo día 13, después de que no fuese posible la identificación la noche anterior.

Y es que la sucesión de fiestas en los pisos de la capital gallega es una de las situaciones que más ha preocupado durante los últimos meses al Gobierno local. En el último balance, con datos desde junio al pasado fin de semana, los agentes acudieron a más de cuatrocientas fiestas.

Y aunque oficialmente las clases en la Universidade de Santiago finalizan el próximo 22, el jueves ya comenzó el éxodo de estudiantes a sus lugares de origen, si bien fue ayer el día en que se registró un mayor movimiento tanto en las estación del tren como en la del autobús. Con la desbandada de universitarios, en las dos terminales se registró ayer una actividad frenética, lo que provocó que la Policía Nacional, al igual que la Local, activase controles.

Pese a los llamamientos desde el Concello de Santiago para no abarrotar las estaciones de tren y bus, y evitar masificaciones totalmente contrarias a las medidas sanitarias por el COVID, tal y como ha reseñado en varias ocasiones este diario, fueron muchos los estudiantes que decidieron abandonar Santiago, sobre todo en la tarde de ayer.

Debido a este flujo de viajeros, uno de los puntos calientes lo estableció la Policía Nacional en los andenes de la estación de Renfe, donde vigilaron la salida de viajeros, en su mayoría estudiantes.

Hay que recordar que se necesita certificar la necesidad de viajar con una causa justificada, en el caso de los universitarios, por regresar a su domicilio.

En el anterior cierre perimetral de la capital gallega se realizaron más de cinco mil controles, y aunque en general se respetaron las medidas impuestas, en una treintena se impusieron sanciones.

Además de los controles policiales establecidos ayer en las terminales de bus y tren, agentes policiales también se distribuyeron de forma aleatoria en distintos puntos, sobre todo en las entradas a la capital gallega, y en las conexiones con otros núcleos, principalmente en Ames y también en Bertamiráns, con el arranque del último fin de semana antes de que lleguen las fiestas navideñas.

Precisamente, ayer el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago recibió el primer vuelo con París operado por la compañía de bajo coste Transavia, que conecta la ciudad gallega con la capital francesa durante las vacaciones navideñas.

Para la ruta entre ambas ciudades, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 23 de diciembre y el 2 y 3 de enero, la low cost francesa utilizará un Boeing 737-800 con capacidad para 189 pasajeros.

Transavia opera estos vuelos navideños como anticipo a los dos vuelos semanales que la compañía tiene programados a partir del próximo mes de abril entre París y el aeropuerto compostelano, que luce desde el jueves los nuevos rótulos con el nombre de Rosalía de Castro.

Esta nueva línea da un respiro al catastrófico balance que registra este año el aeropuerto de Lavacolla, que perderá dos millones de pasajeros con respecto a 2019.

Debido precisamente al COVID, los viajeros deben de tener en cuenta que las autoridades sanitarias españolas exigen un PCR a la llegada a territorio nacional desde el extranjero.