Lavacolla se queda sin Policía Aérea y dependerá del equipo de A Coruña

Lavacolla no contará con una unidad propia de seguridad y protección aérea del Cuerpo Nacional de Policía y dependerá de la de A Coruña. Así lo confirmó ayer el Ministerio del Interior en un comunicado en el que señala que solo A Coruña y Vigo contarán con este servicio y que el principal aeropuerto de Galicia estará a expensas de los efectivos con base en la ciudad herculina. Así, se indica que la Policía Aeronáutica en la Jefatura Superior de Policía de Galicia dispone de dos equipos de seguridad aérea, uno en A Coruña (con competencia en las provincias de A Coruña y Lugo) y otro en Vigo (con competencia en las de Pontevedra y Ourense).

La Policía Nacional acaba de desplegar en las diferentes jefaturas superiores a los agentes especializados en seguridad y protección aérea, policías que asumirán las funciones de policía administrativa de aviación civil. Con la finalidad de fortalecer la seguridad pública en general, y la seguridad aérea y operacional en especial, los agentes de seguridad y protección aérea han sido formados por expertos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AENA, Enaire, Senasa, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, el Ejército del Aire del Ministerio de Defensa, representantes del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Estado de Seguridad, y de diferentes unidades y especialidades de la Policía Nacional.

De esta manera la Policía Nacional materializa a nivel nacional el ejercicio de la competencia como Policía Aeronáutica, velando por que la aviación ajuste su actividad a las normas dictadas para su ejercicio por la Ley de Navegación Aérea, la Ley de Seguridad Aérea, el Reglamento de Circulación Aérea, el Real Decreto 1036/2017 que regula la utilización civil de drones, así como, por supuesto, la aplicación de la ley de protección de la seguridad ciudadana, el Reglamento Europeo de Protección de Datos de Carácter Personal o el Código Penal, entre otras, en los casos que sea necesario para prevenir o perseguir infracciones administrativas o penales.

En este contexto, sorprende que Santiago, que cuenta con el principal aeropuerto de Galicia, con casi tres millones de pasajeros al año antes de la pandemia del coronavirus, no cuente con uno de estos equipos especializados en sus instalaciones aeroportuarias, a pesar de que son las que disponen de una mayor actividad de toda la comunidad también en lo que se refiere a número de operaciones y pista y tráfico de mercancías.

Estas unidades especializadas son las que se encargan del control de operaciones programadas por las distintas compañías, así como de la coordinación de las distintas gestoras de espacio aéreo y diversas organizaciones.

Además, tienen como objetivo investigar todos aquellos avistamientos de aeronaves no tripuladas en demarcación policial, tramitando con Aesa todas las propuestas de sanción que se lleguen a materializar. También colaboran en las investigaciones con organismos como el Ciaiac, de accidentes o incidentes de ámbito aéreos en la demarcación policial. Por otro lado, son las responsables del plan de formación relativo a seguridad aérea en la plantilla.

NORMAS PARA DRONES. La vertiente privada y deportiva de la aviación civil en España influye notablemente en la seguridad ciudadana y la seguridad operacional de la aviación convencional. Así, señalan desde el Ministerio del Interior, precisa de un esfuerzo policial especializado en cuanto a la detección de aquellas conductas que incumplen la normativa con el consiguiente riesgo para la circulación aérea y la población, materializado normalmente en el sobrevuelo de núcleos urbanos o aglomeraciones de personas con aeronaves que no cumplen los requisitos para ello o que se evaden al control establecido por parte de la Dirección General de Aviación Civil o de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, lo que en definitiva trasciende del ámbito puramente infractor aeronáutico.

Los agentes ya han realizado numerosas actividades en este ámbito, como establecer relaciones con los operadores profesionales de drones, informes e investigaciones de hechos que han puesto en riesgo la seguridad ciudadana y del espacio aéreo; y participan activamente en dispositivos de seguridad de acontecimientos importantes.

En este ámbito, señalan la activa participación en el despliegue y desarrollo del Sistema Global Contra Drones (Sistema SIGLO-CD) que la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS) de la Secretaría de Estado de Seguridad está implementado a nivel nacional, especialmente en las ciudades y núcleos urbanos donde la Policía Nacional tiene la competencia territorial, funcional y material.

Desde el uno de enero de 2021 empezaron a aplicarse de manera progresiva los nuevos reglamentos europeos para el uso de drones y se introducen importantes cambios en esta actividad, tanto a nivel recreativo como a nivel profesional. Esta novedad regulatoria de la potenciación de las actividades de concienciación y difusión de la cultura de la seguridad aérea en la utilización de estas aeronaves, en los que la colaboración ciudadana y la participación de los operadores profesionales es fundamental para la seguridad del espacio aéreo y de sus usuarios.