Numerosas ‘okupaciones’ se prolongan durante más de un año por los vacíos legales
El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, afirmó ayer, en la rueda de prensa tras la reunión de la junta de gobierno, que comprende perfectamente la preocupación de los vecinos de Pelamios por la reciente ocupación de una vivienda. Por ello, la Policía Local y el propio concejal de Seguridad estuvieron haciendo un seguimiento de la situación durante todo el fin de semana.
Sin embargo, recordó que las posibilidades de intervención de la administración municipal son limitadas, ya que en estos casos solo el propietario del inmueble puede presentar la denuncia y reclamar el desalojo, porque el Ayuntamiento “non ten personalidade xurídica” para hacerlo.
El problema fundamental, y que es el que más inquieta a los responsables de Raxoi, explicó, no es la okupación en sí, sino las actividades que se desarrollan en el interior de estas viviendas, y que son las que provocan la conflictividad con los vecinos.
En Santiago afirmó que hay entre diez y doce casos de este tipo, sobre todo por las zonas situadas en la periferia del Ensanche y el casco histórico, y en todos ellos se aprecia un tipo de actuación similar. Es decir, se trata de viviendas de alquiler que en ese momento están vacías, y en las que los ocupantes saben que el propietario no reside cerca. De esta forma, entran, y tienen muchas posibilidades de consolidar la situación, porque el tiempo juega a su favor. Y cuando son denunciados, ya llevan tiempo en el interior del inmueble.
Cuando es el caso de una primera o segunda vivienda, señaló que lo habitual es que ante una intrusión el juez ordene un desalojo cautelar en las primeras cuarenta y ocho horas, y la situación se solucione. Sin embargo, si pasa este tiempo ya hay un conflicto entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, y al igual que en cualquier otro procedimiento legal, el proceso se puede dilatar entre doce y catorce meses hasta que el propietario recupera su vivienda.
En el caso concreto de Pelamios, donde el problema, tal y como adelantó este periódico, se produjo el sábado, es una zona donde muchas personas han invertido en viviendas para alquilar a estudiantes, lo que hace que al no ser residencia habitual, ofrezca más posibilidades a los intrusos de poder quedarse. De hecho, según explicaba uno de los residentes en la zona, no habían podido localizar al propietario en las primeras horas, y no fue posible formular la denuncia al no ser titulares del inmueble.
Pisos sociales. El alcalde también señaló que muchas de estas okupaciones no se deben realmente a problemas de falta de vivienda, y que por ello no se solucionaría con una mayor oferta de pisos sociales, sino más bien a un problema “ideolóxico”, de estilo de vida, y de grupos de personas que controlaban cuáles eran los edificios en los que se podía realizar con éxito una entrada. Reconoció que existe una alarma vecinal por este problema, y que el Ayuntamiento actúa en función de sus posibilidades.
Otro problema añadido con el que se encuentran la mayoría de los propietarios es que cuando estas viviendas por fin pueden ser recuperadas, el estado en el que se encuentran es lamentable, y obliga a los propietarios a realizar un fuerte desembolso para que vuelvan a estar otra vez habitables y susceptibles de alquilar.