Proponen un servicio de consultoría ‘antiokupas’ para proteger los barrios

La ocupación ilegal en Santiago es una constante que ha comenzado a crear preocupación entre los residentes situados cerca de los inmuebles afectados. Pero no solo esto, si no que también existen importantes problemas de convivencia derivados de la ocupación de varias viviendas de la ciudad, una situación especialmente agravada por la pandemia.

El viceportavoz del Grupo municipal Popular, Ramón Quiroga, lleva hoy al Pleno una iniciativa con el fin de combatir la ocupación ilegal de viviendas y de cualquier propiedad y con el objetivo de proteger la propiedad privada y garantizar la convivencia y la seguridad en las comunidades y en los barrios. Esta iniciativa busca poner en marcha un servicio de asesoramiento, que no significará la creación de nuevas estructuras municipales, sino que aprovechará las existentes mediante formación específica y puntuales colaboraciones externas.

Así, el Ayuntamiento pondría en marcha un protocolo de actuación, coordinando las actuaciones entre la Policía Local, Policía Nacional y el Colegio de Abogados, para que presten el inicial asesoramiento y actúen en consecuencia.

A este respecto, las actuaciones que se realicen inicialmente son cruciales para poder evitar la consolidación de la ocupación. En este sentido, la Policía Local deberá recibir formación específica y hacer un protocolo de actuación en colaboración con el Colegio de Abogados y la Policía Nacional y el Ayuntamiento. También deberá llevar a acabo actuaciones preventivas de vigilancia en zonas especialmente sensibles, como viviendas abandonadas en barrios, promoviendo acciones para que no existan “zonas de ocupación”, explican desde el grupo popular en un comunicado.

En este sentido, también indican que “la ciudad de Santiago no es ajena a los efectos de la alarmante situación de indefensión que se está generando por la ocupación ilegal de viviendas”. Una situación que, según señalan, pone de manifiesto la necesidad de garantizar el derecho a la propiedad, la seguridad de personas y bienes y, en una gran mayoría de casos, la convivencia social.

Los populares recuerdan, además, que el Ayuntamiento de Santiago aprobó en junio de 2020 una iniciativa del Grupo Popular, en la que se demandaba al Gobierno central y al Congreso de los Diputados “el impulso y aprobación de una iniciativa legislativa que sirva para garantizar la defensa eficaz, y en plazo razonable, de los derechos a la posesión de los legítimos moradores y de los titulares de la propiedad frente a la ocupación ilegal de sus viviendas, sin menoscabo de la salvaguarda del derecho la una vivienda digna de las personas en situación de emergencia social o especial vulnerabilidad habitacional, conforme al establecido en la Constitución y en otras normas jurídicas”, expresaron.

Ramón Quiroga subraya que, transcurrido más de un año y medio desde aquel acuerdo, “nada ha mudado al respeto, mientras los casos de ocupaciones ilegales, continúan manteniéndose a nuestro alrededor, con el malestar y la desesperación lógica de quien espera una respuesta que le dé satisfacción a sus legítimas demandas”, dijo el viceportavoz del grupo municipal.

Además, los populares explican en un comunicado que “la resolución final de esta anómala situación que viola el derecho constitucional a la propiedad privada dependa de uno legislador estatal que no es quien de articular una salida satisfactoria para esta cuestión, no significa que las administraciones públicas -y sobre todo las más próximas a la ciudadanía afectada- tengan que permanecer inmóviles y conformistas ante unas acciones que se desarrollan ante sus ojos y que padece a diario el vecindario de los aledaños de los inmuebles afectados”. Además, añaden que son los residentes los que “ven como se deterioran las condiciones de su entorno, su sensación de seguridad y mismo el valor de sus viviendas”.

Todo eso, sin perjuicio de que a través de los servicios sociales del Ayuntamiento se articulen fórmulas para que las personas que tengan necesidad urgente de una vivienda, su demanda se pueda canalizar y satisfacer en función de las vías legales y presupuestarias existentes.

La creación de este servicio serviría, además, para llamar la atención de otras instancias implicadas en esta problemática, para que intensifiquen su labor, poniendo fin a esta situación que, según explican desde el grupo popular, “cada día se agrava e intensifica”.