Santiago registra más de 50.000 multas de tráfico
El portavoz municipal del PP, Alejandro Sánchez-Brunete, reclamó ayer que no se prorrogue el contrato con la empresa que gestiona las multas, y que de ser necesario, se haga solo por el tiempo imprescindible para convocar un nuevo concurso con otras normas distintas y con mayor transparencia.
Explicó que su grupo no se opone a que haya una colaboración público/privada en esta materia, pero que debe hacerse con control y sin sobrepasar algunos límites, ya que “parece cuestionable que unha empresa privada poda acabar participando na definición das políticas de seguridade vial”, como afirmó que había sucedido con esta empresa, a la que achacó la decisión de colocar el “polémico” radar en Conxo.
Asimismo, añadió que “resulta un tanto desagradable para o conxunto dos cidadáns saber que o 26,8 % do que se recada en período voluntario por multas vai a unha empresa privada”, ya que es el porcentaje que figura en el contrato vigente.
En este sentido, destacó además el hecho de que cuando en el ejercicio 2017-2018 se convocó un concurso para seleccionar a la empresa que se va a encargar de este servicio para el Ayuntamiento de Santiago, se tramitaban en torno a 34.000 expedientes sancionadores, una cifra que en la actualidad se ha elevado hasta cerca de los 50.000.
Además, señaló que muchos de estos expedientes, aunque la decisión final es de los responsables municipales, es la propia empresa quien los tramita e informa, algo que consideró que debería estar directamente encomendado a un funcionario.
De esta forma, para el portavoz popular el Ayuntamiento debería buscar otras alternativas de gestión, y para ello puso sobre la mesa tres posibles opciones, la primera de las cuales es que sea el propio Raxoi el que lleve a cabo este servicio, o también que lo haga a través de la Deputación da Coruña, “que so suporía un coste dun 12,5 %”, menos de la mitad.
Auditoría. La tercera propuesta, señaló, es que en el caso de que se contrate a una empresa privada, en el documento se contemplaran unos mayores mecanismos de control, como la realización de auditorías, “que agora non se están levando a cabo”.
Finalmente, Sánchez-Brunete insistió en su intervención en que el grupo municipal popular reclamará al gobierno local que en esta materia valore otro tipo de posibilidades. Con todo, señaló que “sexa cal sexa a opción escollida o que nós defendemos é que o réxime sancionador non perda de vista principios como o de oportunidade, proporcionalidade, transparencia, imparcialidade e principios de contención económica”, concluyó.