Sigue la polémica por la decisión del Pleno para modificar la regulación sobre las VUT
Santiago. La decisión del Pleno de Santiago, el pasado miércoles, para la aprobación provisional, por mayoría absoluta, de la modificación puntual del Título III del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), la que se refiere a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) sigue trayendo cola. El camino adoptado indigna a los afectados, quienes siguen reclamando un diálogo más profundo sobre este tema, en el que se tengan en cuenta todos los posibles puntos de vista.
En este sentido, tal y como es sabido, la nueva regulación impedirá la creación de nuevos inmuebles para visitantes en el casco histórico, así como la limitación en las llamadas zonas sensibles, con la única opción de que se alojen en edificios enteros o en las plantas inferiores de aquellos que superen las cinco alturas, siempre y cuando cuenten los responsables con la doble habilitación (autonómica y municipal), al considerarse una actividad terciaria.
Estos grandes cambios en la planificación han generado un foco de conflicto y, pese a todos los pasos dados, sigue sin convencer a una buena parte de la población, en especial, a las partes directamente implicadas en la pretensión de Raxoi.
“Estamos en contra dunha modificación que sitúa en vulnerabilidade a moitas familias de Compostela que, arriscando, fixeron inversións importantes na procura de mellorar a súa calidade de vida. É isto un delito? Discrepamos coa actitude ríxida e ameazadora de quen preside esta Corporación”, señaló Estrella Ferreiro durante su intervención en el Pleno.
Asimismo, consideran que este documento, tal y como está redactado, no conseguirá reducir las VUTs, sino que tan sólo procede a un cambio de propietarios. Así, a través de un estudio detallado del Ensanche, destacaban que se podrían abrir más de mil doscientos alojamientos bajo este régimen, cumpliendo la normativa, en un espacio en el que ahora sólo hay ciento treinta y dos.
“Defendemos que é necesario regular, porén seguimos afirmando que calquera normativa ten que partir dun estudo rigoroso e, analizando datos contrastados, intuímos que este estudo non se deu”, señaló la portavoz de las 580 familias afectadas por la norma.
“Todos os grupos amosaron máis discrepancias que acordos co grupo de Goberno, tanto en relacións aos procedementos como ao contido da modificación. Todos mostraron desacordo coa desestimacións das alegacións”, sentencia la directiva, mientras se siente indignada con la afirmación del alcalde Xosé A. Sánchez Bugallo de que “gobernar é tomar decisións”.
Por otra parte, en el seno de los dueños tampoco gustaron las formas de proceder en el Gobierno municipal a la hora de sacar adelante las enmiendas del Partido Popular y Compostela Aberta, referidas a un posible cambio de utilización de ciertos inmuebles, en especial, los bajos comerciales abandonados desde hace años. Las dudas y comentarios del regidor a la hora de realizar la votación, apuntan, dista mucho de la seriedad que requiere este asunto que afecta a tantas familias de Compostela.
En esta misma línea, también criticaron que el Pleno fuese a puerta cerrada, una decisión que impidió que entrasen afectados por el cambio de regulación.
Con todo, la propuesta siguió adelante por lo que ahora el documento irá a la Xunta de Galicia para recibir los correspondientes informes, que deberán ser favorables. De ser así, iría a Pleno en marzo para evitar su caducidad. Por ello, se vienen meses de mucha batalla. ecg