Tres años después una jueza sigue investigando el robo de mascarillas

Si el lector no se fija en el titular y empieza leyendo que en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago que el PA 541/20 continúa en fase de instrucción posiblemente no entenderá nada cuando el delito que se investiga es un delito de robo con fuerza en casa habitada, edificio o local (artículo 241 del Código Penal) y que está a punto de cumplirse tres años desde que se produjeron los hechos, se detuvo al presunto autor y quedó en libertad a la espera de que se completara el proceso.

Pero si decimos que esos hechos se cometieron el 6 de febrero aunque saltó a los medios de comunicación en los primeros días de abril de 2020, justo cuando la mayor parte de la sociedad estaba confinada y cuando la máxima preocupación de todos los españoles, desde el presidente del Gobierno hasta el último ciudadano, era poder hacerse con mascarillas para protegerse de la pandemia provocada por la Covid-19.

En aquel trágico escenario conocíamos que un empresario inmobiliario compostelano, Javier Conde Fiestras, había sido detenido por haberse apropiado indebidamente de más de un millón de mascarillas, junto a otro tipo de material médico de primera necesidad (lo que estaban demandando nuestros sanitarios y que tanto escaseaba).

Solo las mascarillas se valoraban en cinco millones de euros, dada la desorbitada cotización de aquellas fechas. Aunque, eso sí, el empresario rebajó la cifra reconociendo ante la jueza que había vendido sobre cien mil por ocho mil euros, algo que los agentes que lo detuvieron e investigaron lo ocurrido consideran imposible dado el medio de transporte utilizado (un trailer de grandes dimensiones y una furgoneta) y el tiempo empleado en la carga (casi dos días de trabajo) para trasladar todo a Portugal.

Pero volvamos al presente. Transcurrido casi tres años, del robo se cumplirán dentro de tres semanas, el juzgado de instrucción número 2 de Santiago sigue investigando lo que pasó en aquella nave del polígono del Tambre, propiedad de la empresa de productos sanitarios Oximac (que estaba en concurso de acreedores), donde se guardaba el material sanitario.

Fuentes del TSXG esta misma semana reconocieron que el caso sigue en el juzgado de Margarita Guillén. La magistrada mantiene una política de no informar sobre los asuntos que instruye al considerar que, de acuerdo con las normas, solo las partes deben tener acceso a información durante la fase de instrucción. Y allí sigue según costa en registro y reparto de la sede de Santiago. A los secciones penales tampoco llegó.

Desde la Fiscalía Superior de Galicia más de lo mismo. “Ese asunto aún está en la fase de diligencias previas por un delito de “robo con fuerza en casa habitada”. De momento, no hay escrito de acusación. Sigue en el juzgado de Instrucción número 2 de Santiago”, aseguran.

COMISIONES ROGATORIAS EN PORTUGAL. De lo poco que trascendió se sabe, a lo largo de estos tres años, que como la venta se realizó en Portugal, la magistrada envió diversas comisiones rogatorias al vecino país, que por supuesto interrogó a Javier Conde Fiestras y que no tomó más medida cautelas que la obligación de comparecencia cuando fuera requerido para ello.

También prestaron declaración el intermediario y os responsables de la empresa lusa que compró el material, junto a las personas que participaron en la carga de las mascarillas y su transporte.

Sorprende mucho que una causa de esta índole se eternice en un juzgado máxime cuando el asunto provocó un gran revuelo por el material presuntamente sustraído y vendido fuera de España en el momento en el que ocurrieron los hechos: cuando era un producto muy demandado dada su escasez.

En medios judiciales sorprende mucho que esta investigación se haya dilatado tanto en el tiempo cuando, en teoría, el puzzle tiene todas las piezas aparentemente encajadas por mucho que algunos flecos estuvieran pendientes.

La magistrada, como queda dicho, se acoge a su derecho constitucional a no informar sobre los pasos dados desde entonces. El propio implicado reconoció los hechos, aunque discrepó en la cantidad de cubrebocas y en su valor económico, defendiendo que tenía tanto las llaves de la nave como la autorización para deshacerse de lo que había en su interior ya que su inmobiliaria tenía el local a la venta o para alquilar.

La firma María Pascual Advocats, administradores concursales de la firma Oximac sostuvieron que conde Fiestras no tenía autorización alguna para vender el material sanitario que estaba en la nave y que solo tenía potestad de legada para enseñar las instalaciones a los potenciales compradores o arrendatarios.

UNA NOTICIA QUE ABRIÓ TODOS LOS INFORMATIVOS. Fueron agentes de Policía Nacional, pertenecientes a la unidad adscrita de la Policía Autonómica, los que descubrieron lo ocurrido y pudieron comprobar que, efectivamente, la nave se había vaciado del material sanitario que contenía, sobre todo mascarillas, batas clínicas y otros efectos. Durante cuarenta horas, según consta en el atestado policial, se estuvieron cargando en un trailer con matrícula portuguesa y en una furgoneta, tal y como se pudo comprobar en el visionado de las cámaras de seguridad de empresas situadas en las inmediaciones.

La Xunta, que también estaba a la búsqueda de material de protección, había recibido un chivatazo sobre la posible existencia de las mascarillas en esa nave abandonada del polígono del Tambre por lo que la Policía Autonómica acudió al lugar para comprobar su veracidad. Pero cuando llegó ya solo encontró envases vacíos (para ocultar que algunos productos estaban caducados) pero descubrieron el robo y lo relacionaron con el empresario inmobiliario.

Tras comprobar que Javier Conde Fiestras era el responsable, fue detenido en su propio domicilio en Santiago y puesto a disposición judicial. Compareció ante la titular del juzgado de Instrucción número 1, Ana López-Suevos. Posteriormente el caso pasó al nº 2 por reparto.

La noticia de que se había producido un robo de mascarillas en aquellas fechas, inicio de la pandemia, tuvo tal impacto que abrió todos los informativos en la mayoría de países de Europa y, por supuesto, fue ampliamente tratado en la prensa española. Tres años después la jueza Margarita Guillén mantiene con su larga instrucción que no es un tema prioritario. Al menos para ella.