Demanda contra el Gobierno por su inacción climática
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por inacción e incumplimiento jurídico de las obligaciones de España contra la emergencia climática.
En el escrito, las tres ONG piden al alto tribunal que exija a España una reducción de emisiones del 55 por ciento en 2030 y la neutralidad climática en 2040 y que señale al Estado su responsabilidad en la desprotección de los derechos fundamentales a la salud y la vida de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente.
En su escrito, exponen los motivos para iniciar la demanda contencioso-administrativa y, una vez que sea admitida a trámite, “cargarán” con todos los argumentos jurídicos y científicos.
Para el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, este es un “día importante” al que les gustaría no haber llegado pero defiende que se trata de una acción “histórica” para exigir al Gobierno que “cumpla” con su obligación climática y, precisamente en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes. “Consideramos que prevenir los peores efectos del cambio climático es un imperativo y aunque los esfuerzos del actual Gobierno de España van en la buena dirección y los valoramos positivamente, hemos de reconocer que son insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en el Acuerdo de París”, manifestó Rodríguez en declaraciones a Europa Press, tras presentar en rueda de prensa el litigio conjunto. “Para compensar la falta de acción de Gobiernos previos se requiere de una acción más decidida y valiente”, reclamó.
En la misma línea, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, aseguró que “la sociedad se juega mucho” mientras que el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada, calificó de “hito” esta demanda a la que se sumó con la mirada puesta en el impacto social del cambio climático en las personas que más sufren sus consecuencias y que carecen de la capacidad para hacerle frente.
Cortada explicó en rueda de prensa que el cambio climático no afecta igual a todos ya que países que apenas tienen responsabilidad en el problema sufren de forma exponencial sus impactos en el día a día y recordó que el 10 por ciento más rico del planeta es responsable del 50 % de las emisiones de CO2 mientras que más del 50 % de la población apenas emite el 10 por ciento del CO2 mundial.
ACCIÓN INAPLAZABLE. Exponen así en el escrito remitido ayer al alto Tribunal que la comunidad científica dice “claramente” que es necesario reducir las emisiones un 55 por ciento respecto a 1990 hasta 2030 y la plena descarbonización de la economía en 2040, mientras que los objetivos planteados por España conllevan un 23 por ciento de reducción de las emisiones en 2030 y la neutralidad climática en 2050.
Asimismo, denunciaron que estos incumplimientos son, en definitiva, una “vulneración de los derechos humanos” porque el Tribunal Europeo manifestó que sin una protección adecuada al medio ambiente no se puede garantizar el derecho a la vida y a la salud, derechos esenciales para las generaciones presentes y futuras. “Este es un problema inaplazable”, sentenció.
En esa línea, opina que esta es una oportunidad para que el poder judicial se involucre en la lucha contra el cambio climático y confía en que obligue al Gobierno a cumplir con los compromisos de España contra el cambio climático.