Luz verde al proyecto que permitirá a los mayores de 11 años cambiarse de sexo

La nueva ley trans parte al Congreso tras recibir el visto bueno de Moncloa sin apenas variaciones con respecto al texto aprobado hace mañana un año
Victoria Pardo
derechos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, este lunes en una comparecencia tras la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa (Madrid). Foto: Eduardo Parra

El pasado 29 de junio de 2021, justo una jornada después del Día del Orgullo LGTBI que otro año más se celebrará hoy, la ley trans se abría paso entre el Consejo de Ministros con el derecho de la autodeterminación como materia pendiente a nivel estatal. Ayer, en la víspera a dicha festividad, que tiene como “origen” los disturbios de Stonewall en 1969 y como “razón de ser” la lucha comprometida para alcanzar su libertad, el Gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos) dio luz verde al nuevo proyecto de esta norma que causó polémicas discusiones en el seno de Moncloa pero que “por fin”, en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, será enviada al Congreso de los Diputados para que inicie su tramitación parlamentaria.

El texto que viene de recibir el visto bueno del Ejecutivo central llega sin grandes cambios con respecto al ya aprobado hace mañana 365 días. La mayor –o al menos la más sonora– de las medidas que incorpora pasa por mantener el derecho al cambio de sexo en el registro –sin informe médico ni psicológico, aunque con determinadas condiciones– de los 12 a los 16 años, cuando ya se podrá de hacer forma autónoma.

Según la ley tras, que antes de entrar en vigor todavía deberá debatirse en la Cámara Baja, el cambio de sexo registral será posible a partir de los 12 años: una vez cumplidos y hasta los 14 se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores legales; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.

Así pues, la voluntad de la persona será el único requisito para que se cambie de sexo en el registro, algo que contrasta con el informe del Consejo General del Poder Judicial, que pidió elevar a los 18 años la posibilidad de que cualquier español o española pueda cambiarse de sexo sin aval jurídico (que finalmente será entre los de 12 y los de 13 años).

“Por fin, y cumpliendo el compromiso con las personas LGTBI y con el conjunto de la sociedad, lo llevamos en segunda vuelta. La ley trans llega al Congreso antes del verano, como nos habíamos comprometido”, dijo por su parte Irene Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, en la que insistió en que cada una de las vidas de las personas trans y LGTBI importan. “Les reconoce el derecho a ser quienes son sin que medien testigos”, agregó la titular de Igualdad.

La ley que sitúa a España como una “referencia internacional” en este sentido, prevé un plazo máximo de cuatro meses para el proceso administrativo de cambio de sexo registral. De este modo, tendrán que rellenar un formulario en el Registro Civil para indicar la disconformidad con el sexo asignado al nacer y demandar el cambio y con el nuevo nombre elegido, si quiere modificarlo. A los tres meses deberán volver al registro para ratificar su decisión y en un mes se dictará la resolución.

El proyecto de ley llegará al Congreso de los Diputados después de que causara grietas en el seno del Gobierno de coalición: una parte del PSOE, encabezada por la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, cuestionaba que la mera voluntad de la persona bastara para cambiar el sexo registral, pero se abrió camino la propuesta de Igualdad en favor de la autodeterminación del género y de despatologizar la transexualidad.

En esta misma jornada, el Consejo de Ministros acordó la declaración institucional por el día del Orgullo –se celebra hoy–, que evidencia su compromiso con el colectivo, con “el derecho a amar”, a que cada ciudadano “se defina como es” y con la necesidad de dar todos los pasos necesarios “para que esos derechos no figuren solo en las leyes, sino que sean efectivos en cada día”.