OK a la nueva Ley de la Ciencia: “Va a crear más oportunidades”

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que “crea más y mejores oportunidades a las personas que hacen ciencia e innovan”.

Así lo ha asegurado la titular de la cartera de Ciencia, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, donde ha comparecido junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

El anteproyecto recoge un itinerario postdoctoral de “incorporación estable al sistema”. Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de “incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista”, interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como “investigador establecido”, que además conllevará mejoras salariales.

Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.

Para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir “una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”.

Por otro lado, el borrador incorpora un nuevo contrato indefinido para “todo tipo de personal de investigación” que realice actividades científico-técnicas.

“Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia”, señala el texto, que precisa que estos “no formarán parte de la Oferta de Empleo Público”.

Este tipo de contrato vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral. Sin embargo, con su entrada en vigor al completo, el 30 de marzo de 2022, estos investigadores quedarían en el ‘limbo’ hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.

Al igual que los postdoctorales, el borrador también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales.

En concreto, el texto propone “una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año”, medida que además será retroactiva, a aplicar a aquellos que actualmente tienen contrato como aquellos contratados a partir de la entrada en vigor de la norma. También se define una carrera para el personal técnico y se rediseña el contrato del investigador distinguido, limitándolo a la dirección de equipos humanos o dirección de centros, instalaciones y programas científicos y tecnológicos. Y se garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para el próximo año 2030.