Los hosteleros de Vigo y Pontevedra pedirán al TSXG la suspensión cautelar de las medidas

“Siempre se apunta a la hostelería para imponer las medidas más restrictivas en cuanto a lo que se puede hacer para frenar la socialización”, asegura César Ballesteros, representante de la Federación de Hostelería de Pontevedra, que se muestra totalmente en contra de la nueva normativa.

La provincia de Pontevedra es, sin duda, la más afectada por las nuevas restricciones. Con cuatro de siete ayuntamientos en nivel máximo (Sanxenxo, Meaño, O Grove y Cambados) y doce de 29 en alto (A Illa, Vilagarcía, Vilanova, Marín, Poio, Pontevedra, Vigo, Baiona, Gondomar, Nigrán, O Rosal y Tomiño).

Esto significa que todos ellos deberán solicitar PCR negativa, certificado de vacunación o de haber superado la enfermdad para entrar al interior de los locales. Tendrán, además, un 30 % de aforo dentro y un 50 % fuera en el nivel máximo; y un 50 % tanto en el interior como en terrazas en el nivel alto.

“En esta quinta ola hay un perfil de población muy importante ya vacunada y no tiene mucho sentido enfocar las normas sobre la totalidad de la población cuando, realmente, deberían hacerse unas muy específicas para el sector de la gente joven, el perfil que todavía no ha podido vacunarse”, reflexiona el hostelero, que tilda de “muy lesivas” las nuevas normas, porque reducen aforos y horarios “sin tener en cuenta este perfil de gente ya vacunada”, a la que todo esto le va a afectar. Con todo, concede que, al menos, la Xunta “recoge nuestra reivindicación de no cerrar por completo el sector”.

César desglosa para EL CORREO, punto por punto, las incongruencias que ven en estas nuevas restricciones. Todas ellas les llevarán, una vez que se publique en el Diario Oficial de Galicia la norma, a solicitar “una suspensión cautelar de la norma”.

Pero, es consciente de que “será complicado que nos lo concedan, porque ahora se pasa primero por el TSXG para obtener el visto bueno y, cuando alegamos contra la normativa ahora vigente, el TSXG nos digo que no se iba a entrar a juzgar normativas que ya estaban derogadas”. Y es que cada semana cambian las restricciones, por lo que tampoco el sector tiene tiempo de presentar sus alegaciones.

MESAS JUNTAS O SEPARADAS CAMBIAN EL TOTAL. “Los aforos nos parecen ridículos”, asegura, explicando que en verdad “la seguridad se basa en distancias y no en aforos”. Cree que todo debería hacerse más sencillo, porque medir el aforo de una terraza es complicado y “no implica necesariamente que se estén haciendo bien o con seguridad las cosas”. Pone de ejemplo el supuesto de juntar mesas.

“Ahora mismo tienes que sacar la calculadora, realmente”, asegura, ya que “tienes que medir los metros de la licencia y así decidir las mesas, algo que tampoco está normalizado, porque puedes tener dos mesas juntas para cuatro comensales y contabiliza como una, o dos separadas para cuatro comensales alrededor cada una y contabiliza como dos”.

De este modo, dicen producirse situaciones tan “absurdas” como que “si junto las mesas cumplo con la norma y si las separo no”. Por eso, desde la Federación de Hostelería de Pontevedra pretenden que se dicten más normas en función de distancia interpersonal y aforos.

AFOROS EXCESIVOS SI SE CUMPLEN LAS CONDICIONES. Asimismo, otra de las críticas por parte del sector es que los aforos impuestos en las zonas de más riesgo “son excesivos”, sobre todo “si en el interior nos están diciendo que tenemos que velar y asegurarnos de que todos estén vacunados”. No entienden que, bajo ese condicionante, “si todos cumplen las condiciones, haya que mantener luego un aforo del 50 %. “En las calles, en los paseos, en los autobuses, en los supermercados... ¿Ahí no pasa nada? ¿Solo en hostelería?”, se pregunta César.

Además, en esta misma línea, no entienden que “a un cliente haya que decirle que no se puede sentar en una mesa a consumir porque está inhabilitada, pero luego pueda comprar la cerveza y sentarse con los amigos en el muro de la playa a tomársela”, donde nadie dice nada hasta que aparece la Policía.

HACER DE POLICÍAS Y VIGILANTES. “Estamos pidiendo que nos venga una chapita de serie rotulada”, bromea César Ballesteros, al que le preocupa especialmente “la capacidad legal que tenemos para exigir documentación médica a un cliente”. También se muestra dubitativo en cómo se aplicará el protocolo en la práctica. “¿Cuándo se le pide el documento? ¿Cuando se siente en el interior del establecimiento, en la entrada...?”, plantea.

Recuerda que, sobre todo en verano y en zonas de playa, hay muchos locales que no tienen paredes, por lo que “no hay una única puerta de acceso para poder controlar a los que entran”. “Existen muchas dudas para la tipología de establecimientos, porque también es distinto ir a un restaurante con reserva, donde puede haber personal más o menos preparado y dedicado a solicitar esos certificados, que en una cafetería, donde no”, apunta. Otra de las cosas que tienen en vilo a los hosteleros pontevedreses es qué hacer, cómo actuar, si el cliente dice que no quiere presentar nada. “¿Llamamos a la autoridad? ¿Y hasta que venga?”, se pregunta César.

UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE VERIFICACIÓN. Para tratar de evitar la mayoría de problemas y que se presenten documentos falsos, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Pontevedra pide que haya “un sistema seguro, fiable y rápido” de verificación. Porque, según considera, “no a cualquier camarero le puedes decir que te mira un certificado sanitario, no es tan sencillo”. “Aquí nadie ha recibido un cursillo para comprobar la fecha, ver si está reglado, si es válido o falso, etc.”, recuerda. Por ello, si surgen dudas, ¿se deja entrar al cliente o no?

César pone de referencia una aplicación móvil como la que ya existe en algunos otros países, como es el caso de Suiza, en la que con el propio sistema de la cámara escanéa el código QR del documento y da luz verde si está todo correcto o roja si no lo está. Por otra parte, en alusión al sector del ocio nocturno, César se muestra completamente solidario con sus propietarios. “Es absurdo si también le tiene que obligar a los clientes a presentar una PCR, que no puedan abrir”, asevera.