Alcoa solo prorrogará el plazo de consulta del ERE si ve avances en la negociación

El rebrote de la pandemia en A Mariña parecía que podía traer una tregua en la cuenta atrás de 30 días que pesa sobre 534 trabajadores de la planta de Alcoa San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo. A primera hora de la mañana del miércoles comunicaba la Xunta que la multinacional estadounidense del aluminio desconvocaba la reunión prevista para este jueves y se abría a la ampliación del periodo de consultas del ERE para “dotar al proceso de las máximas garantías”.

¿Un plazo extra para hallar soluciones? Según aclaró la compañía por escrito a consultas de este periódico... depende. “La empresa ha ofrecido la posibilidad de extender de mutuo acuerdo el periodo de consultas –y destaca el resto de la frase con un subrayado– si llegado el momento se hubieran producido los avances oportunos y fueran precisas nuevas reuniones para llegar a un acuerdo”.

Insiste Alcoa en que aunque en el restaurante lucense donde se celebran los encuentros “se respetan escrupulosamente las medidas higiénico-sanitarias y de distanciamiento reglamentarias”, o que podía hacerse por vía telemática, en vista de la petición del comité de empresa, avalada por los Ejecutivos autonómico y central, “hemos suspendido la reunión de este jueves y propuesto mantener tres más dentro de los 30 días del periodo de consultas en curso”. Éste culminaba la víspera del Día de Galicia, el próximo 24, y Alcoa plantea que sea en algunas de las fechas ya previstas como el 14 y 23, a los que añaden 13, 15 y 21 del mes en curso. Podrán ser presenciales cumpliendo a rajatabla las medidas anticovid-19 o por videoconferencia.

La empresa defiende como vitales estos encuentros y el diálogo que en ellos se establezca, y reitera, una vez más, que “no adoptará ninguna decisión definitiva hasta que haya concluido este periodo de consultas”. Donde no deja lugar a dudas es sobre las alternativas al expediente de regulación de empleo (ERE) y la fecha de caducidad de la planta, porque no las contempla.

Sobre la venta de la factoría o entrada de un inversor industrial, que según el Gobierno central existe y es la base de su ultimátum, que se aparte y deje paso a un relevo o se atenga a una posible intervención pública o nacionalización indica que analizó “a fondo todas las alternativas posibles”, pero la planta está en una situación crítica “afectada por factores estructurales y permanentes que se prevé que continúen, tanto con Alcoa como con un potencial comprador”. Éste “adquiriría un activo que ha incurrido en pérdidas significativas durante los últimos dos años consecutivos y que se espera que continúen”, sostiene el grupo.

Reiteran fuentes de la multinacional que “la producción de aluminio primario no es viable y, por lo tanto, una venta no es factible”, y por ello la empresa “está enfocada en el proceso de despido colectivo que afecta a la planta de aluminio por las importantes pérdidas en las que está incurriendo y es una situación que requiere una acción urgente”. Reitera: “estas pérdidas se deben a factores estructurales y no vemos posible ninguna transacción”.

Informábamos el martes de que problema de la planta de aluminio primario no se arreglaba, en opinión de la ministra y el secretario general de Industria, Reyes Maroto y Raúl Blanco, por que su actual propietario se ha enrocado en el cierre de la factoría y no acepta alternativas, dando a entender que existe un proyecto industrial y energético viable para el futuro de la instalación fabril. Entre los posibles sonó el grupo Alibérico propiedad de Clemente González Soler, santiagués radicado en Madrid cuya empresa ni confirma ni desmiente la posibilidad.

Mientras, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, aseguró que “si Alcoa no vende no queda otra que la intervención” pública de la factoría para garantizar que no se pierda la producción y los puestos de trabajo. De negarse la multinacional Moncloa debe “actuar en consecuencia” y demostrar que tiene ese as bajo la manga, ese relevo.

Llegados a ese punto tocaría intervenir, pues el Gobierno “no puede doblegarse ante la multinacional”. Según Zan, “PP, Podemos y el BNG” ya se pronunciaron a favor de la intervención. Sólo resta saber si lo hará el PSOE.