Alcoa y su plantilla son llamados a una complicada conciliación previa a que el TSXG juzgue los despidos
Alcoa y los sindicatos de la fábrica de Cervo están llamados este jueves a un acto de conciliación previo al juicio por la demanda contra el despido colectivo que afecta a 524 trabajadores de la planta de aluminio de A Mariña de Lugo.
La sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fijó el juicio para las 9,30 horas, y las partes han sido citadas quince minutos antes, a las 9,15 horas, al acto de conciliación. El comité de empresa confía en que de la conciliación pueda salir “algo nuevo” con respecto a la actitud que mantiene la multinacional desde hace meses.
Fuentes de la compañía consultadas por Europa Press evitan “especular” con lo que limitan a una “hipótesis”, que sería llegar a ese acuerdo que evitase el juicio.
La empresa insiste en que “el despido colectivo es necesario a causa de los factores estructurales permanentes que impactan en la planta de aluminio de San Cibrao, que han hecho que no sea competitiva”. Defiende, en contra de lo que denuncian trabajadores, Gobierno y Xunta, que actuó “de buena fe y de acuerdo con las normativas aplicables” para un despido colectivo, y que la parte laboral rechazó todas sus propuestas.
Los sindicatos con representación en el comité de empresa, que preside CC.OO., basan su posición, precisamente, en la denuncia de “mala fe” por parte de Alcoa, a la que acusan de no haber negociado durante el periodo de consultas del despido colectivo. Confían, por ello, en que los magistrados les den la razón y lo declaren nulo, según advirtió la abogada de Comisiones María Veiga, puesto que existen precedentes de expedientes que han sido tumbados por la justicia por esa “falta de negociación”.
Además, aseguran que las causas estructurales a las que apela la firma no existen, puesto que la demanda de aluminio está al alza, asegura el comité, y el precio de la electricidad es el más bajo de los últimos años.
Tras un largo proceso de negociación, Alcoa rechazó vender la factoría a Liberty House primero y a la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI) después.
Los despidos todavía no han sido comunicados a los empleados, a la espera de lo que determine el TSXG, que en días pasados impidió a la empresa parar las cubas de electrolisis, precisamente, para dar garantías a una eventual reincorporación de los trabajadores en caso de que el ERE sea declarado nulo.