Bares, cadenas hoteleras y centros comerciales van a juicio por sus pérdidas
Santiago. El bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, con despachos en A Coruña y Pontevedra, ha puesto en marcha un servicio exclusivo para asesorar legalmente a todos aquellos empresarios gallegos afectados por el impacto de las restricciones derivadas del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España en marzo de 2020 y sus sucesivas prórrogas.
A nivel nacional, el despacho presentó ya más de 1.000 demandas ante el Tribunal Supremo por un importe conjunto de 200.000.000 euros. En concreto, lo que el despacho solicita en sus demandas es que se establezca una indemnización que repare el daño causado en función de la pérdida de facturación en el ejercicio 2020 y 2021 con respecto a los tres ejercicios anteriores, tal y como se está haciendo en otros países como Alemania.
Desde el despacho, especializado en asuntos judiciales que han involucrado a decenas de miles de afectados, se están presentando diferentes demandas para reclamar judicialmente una indemnización que repare el daño causado a una parte muy importante del tejido productivo gallego como consecuencia del Estado de Alarma.
Confirmaron a este periódico que aunque por el momento en Galicia lo que más abundan son representantes de la hostelería –bares, cafeterías, restaurantes...– y sus asociaciones representativas, también han puesto en marcha este procedimiento por parte de cadenas hosteleras y centros comerciales.
Aunque el pasado 12 de marzo el Gobierno aprobó el Real Decreto ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, desde el despacho de abogados se considera que este decreto adolece de falta de concreción y efectividad y que estas medidas no respetan el principio de indemnidad, al no existir una relación directa entre la totalidad del daño padecido y las ayudas recibidas.
Atilano Vázquez, socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo en Galicia, destaca que “es positivo que desde el Gobierno se concedan ayudas directas que eviten que cientos de miles de negocios se vean abocados a cerrar, así como que el importe de las ayudas se realice en función de la facturación, pero este Decreto excluye pérdidas muy importantes para los sectores afectados y empresas que se hayan visto obligadas a cerrar o que hayan podido sufrir pérdidas en 2019 podrían quedar fuera de este plan”.
Además, muchas habrán “sufrido pérdidas muy elevadas no van a ser resarcidas, por lo que presentar una demanda judicial contra el Estado será la única vía para poder recuperar sus ingresos y que sus negocios salgan adelante”, apunta este abogado de Cremades & Calvo-Sotelo en Galicia. J. C.