Contrato para fortalecer a los ‘caseros’ de los eólicos

Evitar que en el reparto de la tarta del suculento negocio que se prevé en el sector eólico de Galicia, donde se anticipa la instalación de 500 megavatios al año, las grandes empresas se quedan con la mayor rentabilidad mientras los propietarios de los terrenos no obtienen los beneficios que merecen por la productividad del parque instalado.

Ese es el eje vertebral de la propuesta de contrato tipo para los terrenos afectados por los parques eólicos que plantean el Observatorio Eólico de Galicia (OEGA) y la Fundación Juana de Vega, que se presentó este jueves en la ciudad olívica por Xavier Simón, responsable de OEGA e investigador de la Universidade de Vigo, y el presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Meijide.

“El eólico es una oportunidad para el rural gallego, si se hace bien”, sentenció Meijide al defender que la iniciativa del contrato tipo que plantean busca conseguir que se de un “equilibrio” entre los beneficios conseguidos pro las dos partes y propiciar acuerdos “transparentes” que proteja a los propietarios de los terrenos.

Contemplado el desarrollo de la energía eólica como una gran oportunidad para convertir a Galicia en un “actor fundamental en la transformación ecológica y energética para cumplir con los mandatos del pacto verde europeo, Xavier Simón, insistió en la necesidad de impulsar cambios en la negociación entre las partes y “fortalecer a la parte más débil” para obtener los mejores resultados sociales y económicos.

En un escenario marcado por la existencia de promotores de parques eólicos que son grandes fondos de especulación con la energía y con la tierra; frente a los que cuentan con una elevada responsabilidad social y promueven negociaciones claras y transparentes, los dos expertos abogan por establecer un contrato tipo que establezca condiciones que beneficien a inversores y propietarios y que “quien quiera especular no lo tenga tan fácil”.

Xavier Simón y Enrique Meijide explicaron que los 3.800 megavatios instalados en la actualidad en los 180 parques eólicos gallegos, con 2019 como un año récord con 460 MW –el triple de los contabilizados entre 2008 y 2018– y 150 a lo largo de 2020, generan un negocio de 700 millones de euros, como también refrenda Deloitte.

CONDICIONES. Ante este negocio creen que entre los parámetros del contrato tipo debe figurar con exactitud toda la superficie a arrendar para instalar las torres.

Los expertos instan a que el contrato incluya una cláusula por la que los precios de los alquileres estén vinculados con la productividad de cada parque, ya que afirman que en el caso de Galicia es superior a la media nacional. “Se trata de que el súperbeneficio que se puede llegar a obtener esté repartido más equitativamente”, afirmó Simón. A esto suman que exista un pago anual mínimo, y que éste, si las partes así lo acuerdan, de percibir todas las rentas en un único desembolso. Además, señalan la importancia de que el pago a los arrendadores comience en el momento en que se firma el contrato “y no 3,5 o 10 años después, como está ocurriendo en algunos casos”.

Plantean que el contrato debe contener una cláusula de igualación, que garantice al propietario poder beneficiarse en el futuro de una oferta mejor por parte de otra empresa. También señalan la conveniencia de que los promotores “sean sensibles a las necesidades del rural” y prioricen en la contratación a los residentes en las zonas donde instalan las torres de energía.

Los dos expertos rechazan las concesiones por 30 años a sociedades “que no se saben quien está detrás”.