Contundente fianza para los dos únicos acusados en el caso Alvia
Este sábado se cumplen ya ocho años del accidente del tren Alvia a su paso por Angrois, que costó 80 vidas y 145 heridos. Un terrible siniestro que marcó la noche del Apóstol en Santiago y que conmocionó a toda la comunidad.
Durante gran parte de la instrucción, el único investigado fue el maquinista del Alvia, Francisco Garzón Amo. Y conforme pasaron los meses la Justicia decidió imputar también al responsable de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Andrés Cortabitarte López por una considerable ausencia de medidas de seguridad en la única curva peligrosa que había en el recorrido de alta velocidad entre Santiago y Ourense.
En este contexto, Fiscalía atribuyó al maquinista una “conversación extensa y relativa a una circunstancia que no implicaba urgencia”, motivo por el que inició tarde el frenado antes de la curva. Y poniendo el foco en ADIF, concretamente en Cortabitarte: “Tenía que garantizar que la línea era segura” y “no lo era”, afirmó.
De esta manera, la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña había confirmado hace unos meses el cierre del procedimiento de investigación del accidente.
El tribunal había rechazado los recursos clave en la causa, tanto el presentado por el ADIF contra la imputación de Cortabitate, como el que aportó la defensa del maquinista, al considerar que el conductor era una víctima más de la falta de protección de la curva de Angrois, donde estaba limitada la velocidad a 80 por hora y el tren descarriló a 179, sin que se hubiera desplegado en esa zona el ERTMS, el sistema que podía haber frenado al tren en el caso de un fallo humano.
En un auto con fecha de este miércoles que fue notificado a las partes, el magistrado Andrés Lago da por formuladas las acusaciones contra ambos y ordena la apertura de juicio oral. Ambos deberán sentarse en el banquillo para comprobar si los hechos que se les imputan fueran constitutivos de ochenta delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y otros 144 más de lesiones por imprudencia grave profesional.
Además, el magistrado reclama a los dos acusados y en su caso a las aseguradoras –como responsables civiles directas– o a las entidades públicas Renfe Operadora y ADIF –como subsidiaria– que depositen una fianza de 57,6 millones de euros para asegurar las responsabilidades que pueda imponer la sentencia.
La Fiscalía solicita para cada uno de los dos acusados cuatro años de prisión y demanda que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena.
Para el otro implicado, el director de Seguridad en la Circulación en el momento del accidente, el Ministerio Público reclama también la inhabilitación el tiempo que dure la condena para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias. Ambos serán enjuiciados por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, según se indica en el auto.
En su escrito, el instructor de la causa advierte a las partes a las que solicita la fianza de 57,6 millones de euros de que, en caso de no satisfacerla, “se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar esa suma”.
Los acusados y los responsables civiles tienen un plazo de tres días para comparecer en la causa con un abogado y procurador o, en su caso, ratificar los ya designados, concluye el auto contra el que no cabe recurso.