De la noche a la mañana, 60 barcos gallegos que llevan décadas faenando en el Atlántico Norte se ven obligados a retirarse

Gran parte de la comunidad gallega vive del sector del mar, ya sea directa o indirectamente. Por ello, cuando el pasado jueves la Comisión Europea aprobó cerrar el acceso de la flota de arrastre a 87 zonas protegidas en las aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, Galicia quedó en ‘shock’, un ‘shock’ del que todavía no se ha recuperado. Y es que en la práctica, la normativa implica vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros.

Desde que la nueva normativa se publique en el diario oficial europeo, los buques que actualmente todavía están operando en esa zona contarán con un plazo de veinte días para retirarse antes de incurrir en incumplimiento y, consecuentemente, en sanciones. En concreto, según los datos facilitados a EL CORREO por la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (Arvi), un total de 60 palangreros gallegos están faenando en esas aguas, para los que es inviable continuar la explotación.

“La situación es muy, muy compleja”, asegura el presidente de la Arvi, Javier Touza, que asegura todo el sector está tratando de luchar unido por la vía judicial para presentar recursos, manteniendo reuniones con políticos de toda índole. “Especialmente, en nuestro caso, se ve muy afectada la flota de arrastre en la zona de Gran Sol y del Cantábrico Noroeste, porque esas famosas 87 áreas se distribuyen entre Escocia y el Golfo de Cádiz, de manera que más allá de la de arrastre, todas nuestras otras flotas también se verán afectadas”, considera.

Y es que explica que, primero, “los directísimamente afectados serán los barcos de palangre de fondo, porque son los que realizan pesca en los llamados ‘cantís’ (acantilados), que son las zonas donde acaban las plataformas continentales, en torno a 400 metros de profundidad”. Pero, a su vez, “si los expulsan de ahí colisionarán con la flota de palangreros y, a su vez, si se corre la flota de palangreros, también con arrastreros, que son aquellos que suelen pescar más cerca de la playa”, indica.

PREOCUPACIÓN CRECIENTE PORQUE SE GENEREN TENSIONES ENTRE LAS DISTINTAS ARTES DE PESCA. Por tanto, Touza se muestra enormemente preocupado porque dentro del propio sector la normativa genere “una serie de tensiones muy importantes entre los distintos segmentos”. Todo ello en un momento ya de por sí muy complicado para el sector, que arrastra los problemas de la crisis del coronavirus, del transporte de mercancías por mar, de la huelga de camioneros y ahora, de la tormenta inflacionista con la subida desenfrenada de los precios, que ha traido consigo una caída de ventas importante. “Una tormenta perfecta en su máxima expresión”, afirma, añadiendo que, “si para colmo, no podemos pescar donde venían pescando nuestras flotas desde hace décadas, ¿qué soluciones nos darán? Porque esta norma no va acompañada de ningún tipo de instrumento financiero”.

“Entendemos que es una decisión sin ningún tipo de sentido, porque después de haber dialogado con las altas instancias de la Comisión Europea, le expusimos que esos informes científicos se referían exclusivamente a la flota de arrastre, no a otros segmentos de flota que se van a ver inevitablemente afectados”, asegura el presidente de la Arvi.

Por otra parte, también critica el hecho de que los informes “se han extralimitado por un criterio de precaución”, es decir, “por pensar que en una zona puede haber fondos vulnerables y que la pesca allí puede perjudicar a corales de aguas frías, por ejemplo, vamos a acotar, por precaución, un perímetro de protección mucho mayor”. Es por ello que Touza considera que esos documentos, además de “adulterados”, están “desactualizados”.

Documentos que, además, “no van acompañados por ningún informe sobre los impactos que puede causar la medida desde el punto de vista socioeconómico, a nivel de empleo, de generación de rique-
za, de seguridad alimentaria, de abastecimiento de mercado, etc.”.

Sumando todos estos factores, desde la Arvi entienden que la medida fue tomada “de manera arbitraria por parte de la Comisión Europea”, y ahora, por si fuese poco, “desde que se publique en el diario oficial de la Unión Europea –calculan que antes del lunes–, los barcos presentes en la zona tendrán 20 días para retirarse, es decir, prácticamente será de aplicación inmediata, sin margen de reacción”.

Con todo, y como suele decirse, por intentarlo que no quede, así que todas las organizaciones están ya trabajando para tratar de poner remedio a una situación que no les deja margen de maniobra. Por un lado, tal y como explica el presidente de la Arvi, trabajan desde el plano jurídico para poder presentar un recurso en caso de que sea posible; desde el plano político, en el que ya tienen concertadas varias reuniones con eurodiputados gallegos de distintas formaciones políticas; y desde el plano documental, para poner sobre la mesa con carácter inmediato el número de barcos de la primera flota que va a verse afectada, la palangranera, compuesta en Galicia por unos 60 buques.

“Estamos trabajando de la mano de Madrid, de la Secretaría General de Pesca, y de la Xunta de Galicia, con estudios de tipo jurídico y con informes científicos, tratando de buscar argumentaciones contra la normativa”, afirma Touza.

Con todo, confiesa que el sector está “hastiado, existe una frustración muy grande ante la falta de sensibilidad que están teniendo en un momento tan complejo”. Y es que, opina que “ahora que estamos en un proceso de reforma de la política pesquera común después de diez años sin cambiarla, entendemos que lo mínimo que podrían haber hecho es esperar a final de año, esperar a que se instrumente esa reforma, antes de implementar medidas específicas sobre las que, a lo mejor, cuando se quieran atajar sus efectos perversos, ya sea demasiado tarde”, concluye.