El gobierno rectifica y da vía libre al superávit local de 2018 y 2019
Los oscuros nubarrones sobre los concellos dibujados en el congreso de los diputados el pasado jueves por la ministra de Hacienda, ante el rechazo parlamentario al Real Decreto de traspaso a las arcas estatales de los ahorros municipales, han sido disipados por la propia María Jesús Montero. Lo hizo anunciando que el ejecutivo de Pedro Sánchez “impulsará” otra iniciativa con las medidas más urgentes para que los ayuntamientos “aumenten sus recursos y el margen presupuestario” para afrontar el gasto derivado de la crisis del coronavirus, entre las que se encuentran dar vía libre al acceso a los reclamados superávits de 2018 y 2019, así como a la suspensión de la regla de gasto en el presente ejercicio.
El futuro nuevo marco, cuyo impacto el gobierno valora en más de 3.000 millones de euros, recoge las disposiciones “más urgentes e imprescindibles” que ya fueron pactadas con la Femp y que generaron el mayor consenso, según explicó la titular del ministerio de Hacienda.
En ese sumando cuentas ministeriales destacan los 1.500 millones de la habilitación de las entregas anticipadas y la liquidación del sistema de financiación local; así como los 987 millones por la prórroga en 2020 del uso del superávit de 2019, destinados a inversiones que sean financieramente sostenibles. A estos hay que añadir los 621 millones que supondrá la decisión de permitir terminar en 2021 los proyectos iniciados dos años antes y que se estén financiando con el superávit de 2018. Además, se habilita la posible utilización del excedente de 2019 para financiar gasto de 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.
En los presupuestos, las entregas a cuenta ascienden a 821 millones en este ejercicio. Además, por las liquidaciones definitivas de la participación en tributos estatales pendientes percibirán otros 634.
concellos con problemas La nueva propuesta establece que los concellos en riesgo financiero puedan afrontar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del fondo de ordenación. También fija la posibilidad de solicitar préstamos en entidades financieras para cancelar las deudas en el fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Las entidades con problemas de solvencia podrán recurrir a deudas a largo plazo.
Las diputaciones están autorizadas a ayudar a concellos deficitarios, con la firma de créditos, y destinar a éstos el superávit de 2019 a transferencias corrientes.
REMANENTES La ministra señaló que el nuevo Real Decreto Ley no incluirá medidas sobre el uso de los remanentes generados por las corporaciones locales desde 2012, que ascienden a más de 10.000 millones de euros, ante la falta de consenso evidenciada en el parlamento por la mayor parte de los representantes de los distintos partidos políticos.
María Jesús Montero defiende que mantiene “la mejor de las disposiciones para escuchar otras propuestas y soluciones alternativas que presenten tanto los partidos políticos como los ayuntamientos”.
Con un nuevo tono, explicó que confía en que será posible encontrar una solución ajustada a la ley para que los remanentes que en estos momentos representan un coste de 70 millones a los municipios, por tenerlos depositados en las entidades financieras, “se puedan poner al servicio de la recuperación económica y social de los ciudadanos”.
Ante el anuncio de Montero del nuevo decreto, que recoge el 85 por ciento de las medidas planteadas en el anterior, el portavoz de la Femp, Jorge Azcón, afirmó que la “rectificación” de Hacienda es “mínima” y se olvida de lo esencial: el fondo extraordinario de 5.000 millones de euros a fondo perdido para las entidades locales.