El ‘gordo’ de los fondos europeos para Cataluña y Euskadi, a Galicia la pedrea

“Esta semana el Gobierno ha hecho dos importantes anuncios: el primero, la creación de un consorcio público-privado para la puesta en marcha de una gran fábrica de baterías, y el segundo, la creación de un plan integral para el desarrollo y liderazgo en la fabricación de vehículos eléctricos”, escribía este mismo domingo Pedro Sánchez en El País, certificando lo que, como viene denunciando el presidente de la Xunta y su vicepresidente segundo, el Ejecutivo central utiliza criterios políticos y no profesionales/técnicos a la hora de establecer el reparto de los fondos europeos.

La intención es que tanto la planta de baterías como el desarrollo del coche eléctrico se instalen en Cataluña. Para ello se conformará un consorcio en el que el Estado será socio mayoritario siendo los industriales el Grupo Wolkswagen e Iberdrola. La decisión está tomada y será la planta de Seat la que se beneficie de una importante inversión que todavía nadie quiso cuantificar pero que, sin lugar a dudas, supondrá una parte importante del pastel de los primeros 72.000 millones a fondo perdido que recibirá España de Europa; ese dinero, precisamente, servirá para apuntalar la parte que correspondería al socio público; es decir, al Gobierno Sánchez.

La importancia del estratégico sector automovilístico en España la facilitó el propio presidente en su artículo: representan (representaban antes de la pandemia) el 8,5% del PIB, el 19% de las exportaciones de nuestro país y “aporta el 15% de la recaudación fiscal a nivel nacional”, como reconoce Sánchez, quien afirma que cuenta “con fábricas en 10 comunidades autónomas” lo que convierten al sector “en el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa y el noveno mundial”.

¿Hay criterios técnicos que avalen la decisión de primar a Cataluña para convertirla en el motor del coche eléctrico en España? La teoría de que se prima a una empresa española, Seat, salta por los aires toda vez que esa enseña forma parte del grupo alemán que, no lo olvidemos, es quien firma el acuerdo con nuestro Gobierno. Renault, el Grupo PSA, Ford, Nissan o Mercedes e Iveco tienen plantas que funcionaban a pleno rendimiento y que se ven discriminadas, como las comunidades en las que están instaladas. De hecho, la marca japonesa ya anunció su intención de abandonar su planta en Barcelona.

HIDRÓGENO VERDE. Si la planta de baterías eléctricas en Cataluña es ya un hecho consumado, el otro gran proyecto estratégico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dio sus primeros pasos el 22 de febrero con la presentación en el palacio Euskalduna de Bilbao de lo que ya se llama Basque Hidrogen Corridor (BH2C), el Corredor Vasco del Hidrógeno, que impulsan Petronor (Iberdrola, a un lado, y Repsol en el otro) con el apoyo del Gobierno Vasco y casi un centenar de empresas, centros tecnológicos e instituciones (de todo pelaje político) con la intención de “convertir a Euskadi en el gran productor del hidrógeno verde”.

Lógicamente no es una inciativa reduccionista hacia esa comunidad (como la del coche eléctrico no se circunscribe a Cataluña) sino que nace con vocación de “vertebrar la producción del hidrógeno verde en España” y una buen prueba de ello es que Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, anda visitando a los presidentes autonómicos. Con Alberto Núñez Feijóo estuvo hace justo una semana en Santiago, analizando las posibilidad de recabar fondos europeos para integrar su refinería de A Coruña en este proyecto que lidera Euskadi.

Ambos planes entran dentro del capítulo de la doble transición, en este caso la verde, una de las condiciones que impone Europa para la asignación de los fondos Next Generation. Cuentan además con un doble valor político añadido: el primero, el hidrogeno verde es una de las demandas de Alemania y Wollks- wagen es santo y seña del país germánico, el gran contribuyente a la Unión Europa, y, en segundo lugar, el Gobierno de Pedro Sánchez, constatado el declive de Ciudadanos, depende de sus socios catalanes y vascos de investidura que son los que le apoyan.

Por eso el presidente no tuvo ni el más mínimo reparo en anunciar públicamente un proyecto que debería ser analizado en igualdad de condiciones con aquellos que se presentan en el resto de comunidades, cuyas iniciativas están en fase de recepción en Madrid y todavía no fueron analizadas y, lo que es más grave (ver despiece a pie de página), se desconocen los criterios por los que deben regirse.

SITUACIÓN DE GALICIA. Todo esta situación no le es extraña a Alberto Núñez Feijóo y Francisco Conde, que llevan alertando desde el minuto uno de la opacidad con la que se estaban tramitando en España los fondos Next Generation pero existe la sensación de que Cataluña y Euskadi van a llevarse los premios gordos de este sorteo especial y para nuestra comunidad se reservará alguna pedrea y solo para aquellos planes que lleven el apellido Inditex. Tiempo al tiempo.