El independentismo gallego va a juicio el 13 de octubre
Al fin parece que llega la hora del juicio en Madrid al independentismo gallego. Tras un lustro de la primera oleada de detenciones en la llamada Operación Jaro, la Audiencia Nacional ha señalado fecha para celebrar el juicio que afecta a una docena de activistas independientes de las organizaciones Causa Galiza (9) y Ceivar (3).
La fecha de inicio será el próximo 19 de octubre y las sesiones tendrán una duración de tres días con una treintena de policías declarando contra las personas procesadas.
De no mejorar la situación de la pandemia en la capital de España, la fecha de la vista podría sufrir un retraso, según apuntó ayer a este diario el letrado de los acusados de Causa Galicia, Manuel Chao Dobarro.
El juez que preside el tribunal es Alfonso Guevara, etiquetado de perfil conservador dentro del poder judicial español. De hecho, la defensa de los procesados ya ha iniciado los trámites para rechazar al magistrado Guevara ante la indefensión que provocó en varias sentencias anteriores que afectaron a ciudadanos gallegos, según la misma fuente.
102 AÑOS DE CÁRCEL. La Fiscalía de la audiencia Nacional reclama entre 4 y 12 años de prisión para 12 personas por “ensalzar” y “justificar” el ideario de la organización terrorista Resistencia Galega a través de Causa Galiza y Ceivar, dos entidades independentistas para las que reclama disolución.
En el escrito de acusación, el Ministerio público considera probado que 11 de los 12 encausados son “miembros constituyentes, responsables de organización y coordinación” de Causa Galiza o Ceivar, por lo que se enfrentan a un delito de pertenencia a una organización criminal. Por ello, y sendos ilícitos de enaltecimiento del terrorismo, pide entre 6 y 8 ocho años de cárcel.
Los 12 acusados se enfrentan a 102 años de prisión. Causa Galiza había lamentado en un comunicado, una vez conocida la petición de penas el pasado verano de 2019, el “giro de 180 grados” de este proceso judicial abierto en 2015, resultado de las detenciones llevadas a cabo en la mencionada operación Jaro, “cuando todo apuntaba a la deconstrucción progresiva” de lo que tacharon de “montaje”, desde la organización.
DERECHOS VIOLADOS. Por otra parte, el letrado de los acusados de Causa Galicia denunció días atrás una “infracción dos dereitos fundamentais” de los militantes, que serán enjuizados por presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y pertenencia a banda armada.
El conflicto apuntado por Manuel Chao, que representa a los nueve investigados a nivel penal y a título individual, comienza en el inicio de la investigación. Según destacó, la causa contra los militantes de la formación independentista se gestó sobre un procedimiento que supondría la “infracción de dereitos e garantías fundamentais”, además de no haber “base para supoñer a relación con Resistencia Galega apuntada pola Fiscalía”.
El letrado incide en que la investigación se desarrolló de modo “prospectivo”. “Iniciouse sen ter constancia dun delito, senón para buscalo”, según explicó en relación a un trámite que podría hasta implicar “unha quebra dos seus dereitos de participación política”, explica en relación a los encausados. “O resultado é que son acusados de dous delitos sen haber practicamente instrución ningunha ao longo de 4 anos”, precisó.
El problema denunciado por la formación llega cuando el abogado decide elevar al Tribunal Constitucional el presunto incumplimento, que se habría producido en juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. En ese momento, siempre según la versión de la formación, el Constitucional devuelve la pelota a la Audiencia Nacional, apuntando que “debe ser esta la que responda de sus propios incumplimientos”, según explicó Chao. Para Causa Galiza supondrá la desprotección de los acusados, ya que el propio tribunal que juzga “é o que decide sobre a súa falta de garantías”. Debido a ello, no se podrá elevar el trámite al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.