España se arriesga a multas “millonarias” por la prórroga sin licitación de la AP-9

Lejos de usar gratis la AP-9, la nueva prórroga que perpetuó los peajes en dicha autopista hasta 2048 (ampliando la concesión que ya mantenía Audasa) podría salirle todavía más cara no solo a los gallegos, también al resto de españoles. Si el Gobierno central no ofrece una solución a la situación, tras el expediente que este jueves abrió la Comisión Europea (CE) a nuestro país, y la causa termina en los tribunales, podrían llegar multas “millonarias”. Sanciones que evidentemente apagarían los bolsillos de los ciudadanos, abonándose a través de sus impuestos, y que además cuentan con precedentes para hacerse reales dentro de la comunidad internacional.

Así puede extraerse de una charla con Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago (USC) que valoró, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, el gran toque de atención que ha llegado desde Bruselas hasta la Península. ¿El motivo? Extender a la citada compañía, propiedad del Grupo Itinera, el privilegio de seguir sacando tajada de la principal vía de vertebración de Galicia sin lanzar antes licitación pública alguna.

“É un dictamen, isto é unha cuestión provisional”, resalta la especialista, añadiendo que “cando alguén aprecia que hai unha infracción do dereito europeo, que poden ser particulares, poden poñelo en coñecemento das autoridades europeas, da Comisión, e a CE inicia un procedemento de infracción para determinar que lle conta o Estado” que “pode dar os seus argumentos”.

Precisamente eso es lo que ha pasado y sucede ahora, pues después de la denuncia que presentó en julio de 2020 la asociación gallega En-Colectivo por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa vulneran normativa comunitaria, será España quien próximamente tenga que dar explicaciones al respecto.

Y es que, como apunta Nogueira, “o tema xusto de contratación pública si é un dos temas no que a Unión Europea ten lexislación”. “Unha lexislación que ten transformado moito o dereito de contratación pública interna co cal (la UE) ten competencia para dicirnos algo sobre o tema”, remarca.

“Se lle das unha concesión a un privado nun momento dado para explotar un ben público non quere dicir que posteriormente, ás prórrogas, esa misma empresa teña que ser a concesionaria, porque si fas unha prórroga automática estás excluindo á competencia e estala excluindo por episodios moi prolongados. Estás case perpetuando ai á empresa”, puntualiza asimismo la experta.

En este sentido, conforme comenta, no le sorprende que la resolución vaya en esta dirección. Es más, a sus ojos, el siguiente paso sería que si España “non lle pon remedio a iso” pueda acabar la cosa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el pleito pueda derivar en “unha sanción” para nuestro país en el caso de que los magistrados le “lle den a razón ás tesis da CE”.

“Creo que é posible que se llas dea por un motivo, porque hai un caso previo que é bastante interesante, que é o caso das praias italianas”, señala en esta línea, destacando que ahí había concesiones para poner chiringuitos, toldos y sombrillas que “tamén as prorrogaban sen sacalas a concurso público”.

En la sentencia, que ya tiene bastantes años, según recuerda del 2014, Bruselas ya le decía al país romano que tenía que “modificar o sistema de prórroga concesional abrindo á competencia esas prórrogas”, algo que puede ser “extensible a esto”, pues “é outro ben de dominio público”.

“Naquel caso marítimo terrestre e neste viario”, puntualiza, pero en ambos “onde a entrada de concesionarias non pode estar blindada á perpetuidade senón que efectivamente ten que abrirse esa competencia”.

“Penso que é plausible que se isto acaba no TJUE poida haber unha sanción ao Reino de España por esta cuestión”, reitera Nogueira, indicando que “as responsabilidades son do Estado polo incumplimento do dereito europeo”.

“Podería suceder, pero neste caso nin sequera é así porque é unha infraestrutura que depende do Estado, cando a sanción está provocada por un incumplimento autonómico, que España ten internamente un mecanismo para repartir as culpas, como pasou por exemplo nos incumplimentos en materia de depuración de augas residuais”, añade.

Antes de llegar a este punto, comenta, lo normal sería que probablemente se revierta la decisión de la prórroga a Audasa. Todo ello para no hacer frente a unas sanciones “millonarias”. “Últimamente as sancións do TJUE son moi severas”, subraya, evidenciando que las mismas se compondrían, en caso de llegar, de una parte fija “polo incumplimento” y una parte variable, conocida como multa coercitiva, que se iría imponiendo cada seis meses “para forzar a España a solucionar o problema”.

¿UN NUEVO CONCURSO? “Si es cierto lo que dicen esto supondría la nulidad de la prórroga de la concesión que se le ha hecho a Audasa y supone que hay que abrir todo un proceso de contratación y licitación pública para permitir que cualquier empresa opte a este contrato”, indica por su parte Teresa Carballeira, profesora titular también de Derecho Administrativo en la USC, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

“De entrada si, si va adelante se anula esa prórroga y desde luego se va a abrir una nueva contratación con publicidad y concurrencia de todas las empresas que quieran optar a la explotación de la autopista”, subraya la experta, comentando que “parece que efectivamente” esta no se admite.