Feijóo ve razonable que Urkullu pida dos meses más de estado de alarma

La gestión de la pandemia más allá del 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma y medidas como el toque de queda o los perímetros, preocupa cada vez más al titular de la Xunta ante la falta del tan solicitado ‘plan b’.

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo considera “razonable” la propuesta del Lehendakari Íñigo Urkullu de ampliar esta medida excepcional otros dos meses, pues no ve lógico dejar sin amparo legal a comunidades autónomas en riesgo extremo como el País Vasco.

“No se puede dejar a las comunidades con índices de incidencia de 400 casos por cada cien mil habitantes sin red alguna. Necesitamos una red hasta que a través de las vacunas lleguemos a la inmunidad de rebaño”, indicó.

En su habitual comparecencia de los jueves tras el Consello, el mandatario gallego volvió a insistir en pedir una ley específica para la COVID, afeando de nuevo al Gobierno la decisión “política” de recurrir la Lei de Saúde. “No podemos pasar de cero a 100 en un segundo”, razonó, rechazado que el estado de alarma se pueda aplicar “a la carta” por territorios, dado que ve España en manos de un Gobierno “que parece negacionista en lo que a legislación se refiere”.

A poco más de una semana del 9.M, afeó al Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez el uso de una figura “excesiva, antigua y desproporcionada” como es el estado de alarma para después obviar la petición de que legisle y, además “culpar” a los presidentes que rechazaron esta figura inicialmente en lo que ve “una trampa impropia de un sistema democrático”.

Galicia, al igual que el resto de comunidades, necesitaría “un paraguas legal” si el Gobierno “no le deja gestionar” la pandemia con su ley. “Que es lo que le pedimos”, resaltó, para añadir que la norma autonómica le parece “suficiente” e insistir en el agravio que supone que, bajo su punto de vista, se recurra la ley gallega pero no la de Aragón, de contenido similar.

Defensa de la Lei de Saúde. Defendió el presidente una vez más que la norma autonómica no contraviene “derechos fundamentales” e incluso certifica “en un artículo” que, si alguna decisión afectase a los mismos, la Xunta debería buscar la “autorización y ratificación judicial”.

En este punto, se refirió a las conversaciones técnicas entre Xunta y Gobierno para tratar de solventar el conflicto, asegurando que los “interlocutores” del Ejecutivo estatal “se quedaron muy sorprendidos” porque “ven que no hay ninguna intención de vulnerar la Constitución.

De este modo, Núñez Feijóo, que recalcó que el recurso es “político, advirtió de que, si el Gobierno no acepta el acuerdo de interpretación que ha propuesto la Xunta, “no será por culpa de los interlocutores” que negocian “si no de los mandos”. E insistió en que Galicia seguirá sin una herramienta que le avalaría para defender cualquier decisión frente a la pandemia en los tribunales.