Financiación de la dependencia: la Xunta es el Gobierno autonómico que menos aporta
La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida como Ley de Dependencia, marcó un hito no solo en España en la atención en los servicios sociales. Sin embargo, a punto de cumplir 15 años, pese a su gran grado de desarrollo sigue marcada por uno de sus mayores escollos desde su nacimiento, la falta de financiación. Así, las listas de espera de personas para ser reconocida su dependencia y, después, para comenzar a percibir las ayudas o disfrutar de los servicios que conlleva, siguen siendo largas. Y la pandemia no ha hecho más que alargarlas. De hecho, en 2020, el año más marcado por la Covid-19, fallecieron 55.487 personas en las listas de espera de la dependencia. 21.005 personas pendientes de resolución de grado y 34.370 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.
24 % DEL ESTADO
En cuanto a la financiación del sistema de dependencia, una parte, pequeña, es aportada por el Estado y el resto, por las autonomías. En el caso del Gobierno gallego, es la administración autonómica que menor porcentaje aporta, el 76 %, frente al 84 % de media en el resto de comunidades, según indica la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en su último informe. Destacan el 91.3 % del País Vasco, 89 % de Navarra, 88.5 % de la Comunidad Valenciana o el 87 % de Extremadura.
El Estado financia para la media de estatal el 15,6%, aunque a Galicia le aporta el 24 %, el mayor porcentaje. Así, en el año 2020 el gasto total certificado del sistema de dependencia en la comunidad gallega fue de 406.672.218 euros, de los que 97.748.048 eran de financiación estatal y el resto, 308.924.170, de la Xunta. El promedio de personas beneficiarias era de 62.120, por lo que se invirtió una media de 6.547 para cada una en 2020 en Galicia.
GASTO MEDIO POR PERSONA BENEFICIARIA
El gasto medio por persona beneficiaria durante 2020 ascendió a 7.991 euros. Sin embargo, se aprecian grandes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. La que destinó la mayor cantidad económica en atención por persona beneficiaria fue el País Vasco con 12.480 euros anuales. Esta cantidad prácticamente duplica el gasto de la comunidad que menos gasto invirtió por beneficiario, que fue Andalucía con 6.251 euros anuales. La segunda que menos invirtió fue Galicia, con los 6.547 euros ya citados.
POTENCIAL DEPENDIENTE
En cuanto a las diferencias entre comunidades, otra llama la atención. El dinero invertido para cada potencial dependiente que vive en cada autonomía. En esta variable Galicia también está a la cola con solamente 868 euros. Las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.552€), Extremadura (2.058€), Navarra (1.719€) y Castilla y León (1.634€), y las que menos Galicia (868€), Canarias (968€), Asturias (1.051€) y Cantabria (1.193).
Pero, en la variación en el gasto medio por persona beneficiaria en 2020 respecto a 2019, la gallega está entre las que la incrementó. Así, hay tres comunidades que disminuyen el porcentaje de financiación respecto al gasto total, son en primer lugar Andalucía (-0,8%) seguida de Asturias (-0,5%) y Extremadura (-0,5%). En el polo opuesto, con aumentos, se encuentran Castilla La Mancha (2,3%), Galicia (1,7%), Cataluña (1,6%) y Navarra (1,6%).
En los Presupuestos Generales del Estado para 2021, además de una subida del 17,4% de las cuantías del denominado nivel mínimo de protección, se incluye la recuperación del nivel acordado con una cuantificación aproximada de unos 600 millones de euros. Sin embargo, durante 2020 la financiación estatal se canalizó exclusivamente a través del nivel mínimo alcanzando este más de 1.390 millones de euros. Por lo tanto, la financiación autonómica ascendió a más de 7.517 millones, es decir un 84,39% del gasto total.