Galicia espera con miedo por la decisión de las cuotas pesqueras

La rebaja propuesta por la UE en la merluza sur del 18 % sería una pésima noticia para la comunidad // La apuesta del Ministerio es luchar por el Mediterráneo
UE
Salomé Barba
La UE propone una reducción del 18,5 % de la cuota de la merluza sur, la que faenan barcos gallegos. Foto: Xunta

Las negociaciones de los Veintisiete sobre las cuotas pesqueras para el año 2022 se prevén largas, duras y arduas, como ocurre todos los años, y en esta ocasión no parece que vaya a ser diferente. Desde ayer, domingo, ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) se encuentran negociando el reparto en el Consejo de Agricultura y Pesca.

La propuesta por parte de la Comisión Europea (CE) incluye un recorte del 18,5 % de la captura de la merluza sur en aguas ibéricas y una reducción del 7,5 % en los días de esfuerzo en el Mediterráneo, a los que se opone el Gobierno de España.

una especie que ya acumula dos años de recortes En el caso de Galicia, se mira con miedo y se espera la decisión final, ya que de salir adelante ese descenso de la merluza sería una pésima noticia para la comunidad gallega. Esta es una especie que se faena en el mar Cantábrico y entre Fisterra y el golfo de Cádiz. Su captura ya acumula dos años de reducciones y parece inadmisible el planteamiento de Bruselas.

Desde la Xunta, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, aseguró ayer desde Bruselas, donde se celebra la cita europea, que celebra que se eliminaran los recortes de cuotas para el jurel en las aguas al sur de Fisterra que estaban previstos en su propuesta del Total Admisible de Capturas (TAC) para 2022. De una disminución inicial del 16%, la propuesta de la UE conocida este domingo es de aumentarla en un 12%, según informa Europa Press.

De todas formas, los diálogos entres los ministros de los Veintisiste se prolongarán varias jornadas más y no se prevé un acuerdo definitivo hasta última hora del lunes o la mañana del martes.

esperanzas de la Xunta “Pocos cambios hay”, se lamentó Quintana, aunque destacando el incremento de las capturas propuestas para el jurel. Además, manifestó sus esperanzas de que, durante los trílogos –negociaciones entre la Comisión, el Parlamento europeo y el Consejo– se pueda llegar al mismo resultado con la merluza y el rape que con el citado jurel, “especies fundamentales” tanto para la flota española como “sobre todo” para la gallega.

Además, relacionó el aumento del TAC del jurel en aguas al sur de Fisterra con el estudio encargado por la Xunta a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) que alertaba sobre una caída de ingresos de 34 millones de euros, así como la pérdida de 400 puestos laborales en el sector pesquero en Galicia, en caso de que la propuesta inicial de recortes de cuotas se mantuviese.

Este informe fue remitido desde Galicia tanto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como a la Comisión Europea. “Parece que surtió efecto”, ha dicho al respecto Rosa Quintana.

el ministro PLANAS RECHAZA LOS RECORTES En estas negociaciones participa el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien reiteró el rechazo del Gobierno estatal a la propuesta de la Comisión Europea de reducir el 7,5% el número de días que se puede salir a faenar en el Mediterráneo porque podría afectar “muy seriamente a la estabilidad empresarial y la continuidad” de la flota española.

El ministro Luis Planas dijo, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a la reunión, que el Consejo se prevé “largo y complicado (...) teniendo en cuenta los intereses en juego”.

Antes del Consejo de Pesca de la Unión Europea, el ministro recordó que España está comprometida con el cumplimiento del plan plurianual para los recursos demersales en el Mediterráneo occidental y que “no puede aceptar”, tras un recorte de los días de pesca del 10% en 2020 y del 7,5% en 2021, la aplicación de una reducción adicional de días de esfuerzo para las flotas de arrastre, un nuevo régimen para el palangre y la aplicación de TAC para la gamba de profundidad.

A su juicio, es “inaceptable” porque, “compartiendo el objetivo de la sostenibilidad”, el Ejecutivo español no puede “aceptar una tercera reducción que podría afectar muy seriamente a la estabilidad empresarial y a la continuidad de nuestra flota”.