Galicia podrá endeudarse en 1.400 millones en 2021 a causa de la covid

Galicia, y el resto de las autonomías, ya tienen parte de los datos del más difícil todavía suduku que tienen que completar para articular sus cuentas de 2021. El Ministerio de Hacienda les trasladó en un cibercónclave del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que no se celebraba desde inicios de año, tiempos previos a la pandemia, y en el que trasladó a los responsables de elaborar sus números una tasa de referencia de déficit orientativo del 2,2 % del PIB para el año próximo, del que la mitad, 1,1 puntos, será asumido por la Administración central a través de una transferencia extraordinaria del 13.486 millones de euros. A ello sumaron unas entregas a cuenta de 105.589 millones y la asignación de diez mil más del fondo conocido como React-EU.

Teniendo en cuenta los cerca de 63.300 millones alcanzados por el producto interior bruto (PIB) gallego en 2019, la recomendación trasladada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, implicaría que la Xunta podría endeudarse en unos 1.400 millones, de los cuáles Moncloa correría con la mitad. Otra cosa es que quiera el Ejecutivo gallego, que no sólo ha cumplido siempre con el déficit. La última ocasión en 2019, cuando lo limitó al 0,12 % del PIB, con solo 79 millones.

En una reunión virtual iniciada a la una de la tarde, en la que por parte del Gobierno central junto a Montero estaba la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y a la que asistieron 16 de los 17 consejeros –el de País Vasco, con régimen foral, busca abordar el tema en comisión bilateral y no estuvo presente–, y de la que no salió muy satisfecho el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez. Se lamentaba en declaraciones a los medios posteriores de que la cita haya llegado “tarde, muy tarde”, provocando “una situación de anormalidad”, pues lo habitual en esta época sería estar dentro del “ciclo presupuestario” y no acumular dos meses de retraso.

¿Y la nómina de los trabajadores públicos? El responsable de la Xunta ve demasiadas incertidumbres que no se circunscriben a cuestiones técnicas, pues dijo no tener certezas sobre las retribuciones de los empleados públicos, tampoco sobre el Fondo Covid ni respecto a los estructurales para la reactivación económica, pese a la apremiante necesidad de conocer los “criterios por los cuales van a ser repartidos” estos últimos.

Por su parte, culminado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la ministra Montero explicaba que la referencia para el déficit no se sometió a votación de las comunidades porque es una tasa “orientativa, no limitativa”.

Indicó que dicho porcentaje se ha extraído teniendo en cuenta la consolidación del déficit previsto este año, que podría situarse en el 0,6 % del PIB, recoge también el Fondo Covid-19 (1,4% del PIB) abonado en 2020 y el otro 0,2 % de menor financiación global que arroja el sistema de financiación. Con estos tres elementos se fija ese número del 2,2 %, apuntaba al ministra.

Apuntaba también que este año las comunidades recibieron por el sistema de financiación 115.662 millones, recibieron adicionalmente 16.000 millones del Fondo Covid y otros 2.211 millones que proporcionaba el objetivo de déficit del 0,2% del PIB para este año, lo que supone un total de 133.873 millones.

Para el año que viene, ha detallado que los recursos del sistema de financiación serán de 113.729 millones, al tiempo que las CCAA recibirán además una transferencia de 13.400 millones y un margen por la tasa de referencia de déficit del 1,1% del PIB, otros 13.400 millones. En total, 140.400 millones, un 4,6% más que el año anterior.

Reglas fiscales. En el CPFF Montero comunicaba oficialmente a las autonomías la decisión del Gobierno central de suspender las reglas fiscales de las administraciones públicas, en línea con la recomendación de la Comisión Europea. Libera así a comunidades y ayuntamientos de los objetivos de déficit, gasto y de deuda para elaborar sus presupuestos.

Apeló a la responsabilidad de los gestores y se dijo mantener el objetivo de sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo, aunque cree que no habrá que prolongar la suspensión de reglas fiscales para 2022 si hay vacuna y mejora la situación. En todo caso, apunta que tras la pandemia las cuentas de autonomías y concellos estarán “mucho más saneadas” que las de la Administración central.