Industria eleva la presión y exige a Alcoa la devolución de 50 millones

Maroto subraya que colabora con la Xunta para evitar el cierre de la planta de Cervo // La ministra cree que el Gobierno gallego hará su requerimiento esta semana a la multinacional
Producción industrial
Alberto Vidal
Javier Losada, durante la reunión que mantuvo con el comité de Alu Ibérica. Foto: Almara

Alcoa empieza a sentir la presión de las Administraciones, que tienen armas en su mano para hacerla entrar en razón en las negociaciones sobre la planta en A Mariña lucense.

Así, el Ministerio de Industria requirió formalmente a la multinacional la devolución de 50 millones de euros en concepto de compensaciones por costes indirectos de emisiones de CO2, una ayuda que recibe la industria electrointensiva para paliar su elevada factura de la luz.

Tanto Industria como la Xunta advirtieron en diversas ocasiones a Alcoa de que exigirían la devolución de las ayudas públicas recibidas si persistía en el cierre de su planta de San Cibrao (Lugo), para la que planteó un expediente de regulación de empleo (ERE) tras abortar su venta a Liberty.

En declaraciones a TVE, la ministra de Industria, Reyes Maroto, recordó que el Gobierno está barajando todos los escenarios después de que Alcoa rechazar su oferta de comprar la planta a través de la SEPI para después venderla a Liberty.

En este contexto, Reyes Maroto subrayó que es una responsabilidad reclamarle las subvenciones públicas recibidas porque “los ciudadanos no entienden que una empresa que ha recibido tantas ayudas públicas hoy esté cerrando y dejando sin empleo a una comarca entera”.

“Por lo tanto, tanto los requerimientos del Ministerio de Industria como los que esta semana espero salgan también de la Xunta, pongan a Alcoa en la tesitura de devolver unas ayudas” que son una parte muy importante del apoyo se le dio desde la comarca, las familias y las administraciones.

Fuentes de Industria apuntaron, en declaraciones a Efe, que ya requirieron formalmente al fabricante de aluminio la devolución de 50 millones por compensaciones de costes por emisiones de dióxido de carbono.

La ministra reiteró que el Gobierno de España está decidido a mantener la planta abierta y dijo que colabora estrechamente con el Ejecutivo gallego para conseguirlo.

También con el objeto de mantener viva la presión el comité de empresa de Alcoa en Cervo convocó una “gran manifestación” mañana, sábado, en Lugo, donde registrará una solicitud dirigida al Gobierno central para la intervención pública “temporal” de la planta.

Bajo el lema de sus últimas movilizaciones, A Mariña sálvase loitando, el comité anunció esta nueva marcha, que transcurrirá desde el edificio de la Xunta hasta la Subdelegación del Gobierno. Allí será donde entregue un escrito dirigido al Ejecutivo español para que materialice dicha intervención de la factoría, en la que la multinacional prevé un despido colectivo para 524 trabajadores.

Precisamente, ayer por la tarde los representantes de los trabajadores tenían prevista una reunión con la Inspección de Trabajo para abordar el expediente de regulación de empleo (ERE), que aspiran a paralizar con la presentación (ayer mismo u hoy) de una medida cautelar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Engarzando con la iniciativa del comité, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, instó a la autoridad laboral a “rechazar el ERE” para los 524 trabajadores, al tiempo que pidió do al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que adopte “todas las medidas” dentro del ámbito de sus competencias, en los ámbitos laboral, medioambiental e industrial.

El líder socialista reclamó a la Xunta “que despliegue todas las competencias que tiene en los ámbitos industrial, laboral y medioambiental para paralizar el ERE, para que se desplieguen las exigencias medioambientales y tomando en coordinación con el Gobierno de España todas las medidas posibles” para que la empresa no paralice la actividad en la planta de A Mariña.

Además, Caballero añadió que el Gobierno gallego “tiene que presentar un programa de exigencias claras para cuestiones medioambientales” y, junto al Ejecutivo central, “paralizar esa decisión” de cerrar la factoría de aluminio. “Ese ERE no tiene los mecanismos de seguridad jurídica para que sea aceptado, porque Alcoa actuó de mala fe”, subrayó el dirigente.