La defensa de Alcoa avisa: si tumban el ERE en San Cibrao irá al Supremo

Al filo de las nueve y media de la mañana del miércoles, a las puertas de la coruñesa sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) coincidían el ejército de abogados que representan a la multinacional estadounidense Alcoa –de su defensa en España se encarga el despacho Garrigues–, con los letrados de sindicatos demandantes (CIG, CC.OO. y UGT), y de la Consellería de Economía, y del Ministerio de Industria como “partes interesadas”. También miembros del comité de empresa de la factoría. Se abría la vista para sustanciar la petición de medidas cautelares que paralicen el expediente de regulación de empleo (ERE) que plantea el grupo a 524 operarios de la planta de San Cibrao, en Lugo.

Un proceso comprimido, para cuya resolución tocará aguardar a los próximos días, donde abrían el fuego los abogados de la multinacional estadounidense, que ya dejaban claro que si acaba siendo tumbado este ERE, acudirán al Tribunal Supremo.

Las ocho horas de ataques y contraataques de las partes enfrentadas dieron para mucho. En nombre de Alcoa sus representantes legales iniciaban el fuego argumentando, poco más, que el TSXG no cuenta con las competencias necesarias para acabar con la libertad de empresa, y si se habla de intervenciones y nacionalizaciones, poner en manos de otros gestores la planta, aunque fuese de forma únicamente temporal.

Cargó contra Industria y la Xunta, que aquí ejerce como autoridad laboral, al considerar que no actuaron con imparcialidad. “No se puede obligar a vender sí o sí”, argumentaban. Porque el derecho a la propiedad sigue ahí. Dieron a entender que las administraciones, como los representantes de los trabajadores, actuaban casi como agentes de Liberty House, una empresa a la que acusaron de desaparecer en medio de la negociación, no presentar planes de futuro para la fábrica y volver a última hora porque, realmente, tenían una única intención: hacerse con la planta de alúmina. La de aluminio no se lo creen, y menos cuando compraron en Dunkerque, Francia, una similar a la de San Cibrao por la que pagaron 417 millones de euros. Por la lucense ofrecían, alegaron, un euro y que se les cubriesen años de pérdidas.

Atacaron también duramente al comité de empresa, al que culpabilizaron de la falta de encuentros y diálogo. Hasta llegaron a afirmar que como excusa para no remitirles un plan social para afrontar la regulación laboral dijeron que “se lo comió el gato”.

Mientras, desde la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio –y no de la SEPI, como se encargó de recordar– se rebajaron las expectativas sobre posibles intervenciones, nacionalizaciones o expropiaciones, defendiendo el rol de intermediario jugado por Industria. De hecho, volvió a tender la mano, una vez más, a la compañía, que está a tiempo de alcanzar “una solución pactada”.

A cambio le pide a la compañía que espere dos meses sin apagar cubas y sin despidos, porque si finalmente se falla en su contra en el ERE, le saldrá cara la jugada, teniendo que reincorporar a empleados que no tendrán labor.

Pero en torno a unos 35 millones de euros cifra los 524 despidos Alcoa, que recuerda, además, que no se quiso un ERTE con cubas apagadas, cuyo reencendido costaría... pues unos 35 millones.