La plantilla de Ence despierta en Madrid a la ministra Ribera

Lo prometieron el jueves los trabajadores de afiliados a CCOO de Ence en Pontevedra: el viernes la iban a montar en Madrid ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica, y vaya si lo hicieron. Allí, con humo y lazos verdes, reclamaron una solución de futuro, pues si sale adelante la Ley para el Cambio Climático con su artículo 18 tal y como está redactado, la concesión para ocupar su localización actual, en Lourizán, caducará en el ejercicio 2033.

Ante esta cuenta atrás, tocó movilizarse. Tras su acción ante la sede ministerial fueron recibidos por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y tras un “intenso debate”, forzaron que la vicepresidenta cuarta y ministra Teresa Ribera accediese a recibirlos el miércoles de la próxima semana.

Lo reconoció a Europa Press Televisión el trabajador de Ence Antonio Taboada, y habló de una cita “un poco tensa”, pero que fructificó en el encuentro del día 17. En ella le trasladarán a Ribera la “necesidad imperiosa” de realizar cambios en el anteproyecto legislativo, pues “si el artículo 18.4 sigue redactado de la manera actual, no solo Ence perecerá, sino todo el sector forestal de Galicia”.

La protesta se produce en plena polémica después del asalto y encierro de un grupo de empleados de la pastera al concello pontevedrés, lo que provocó que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, tuviese que salir escoltado por la Policía Local mientras era increpado. El regidor aseguró haber pasado “miedo” por su integridad, al tiempo que responsabilizó al PP y a Ence de estar detrás de las movilizaciones.

Desde Santiago, Alberto Núñez Feijóo señalaba en el Congreso de UU.AA. que “hay que preservar la economía que tenemos. No estamos de acuerdo en ningún caso con desmantelar Ence”, proclamó el jefe del Ejecutivo autonómico. “Galicia necesitaría dos pasteras y nos vamos a quedar sin ninguna. No hay ninguna empresa dispuesta a invertir 400 millones para construir una pastera fuera de la ría”, reflexionó, incidiendo en que es preciso construir “nuevas industrias forestales”.

La presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence en Lourizán, Ana Cedeira, comentó el viernes desde Madrid que la fábrica tendría que “cerrar en 2033 si se aprueba el artículo del proyecto de Ley del Cambio Climático”. Sin embargo, recalcó que este cierre sería mucho antes ya que “al ser una empresa que cotiza en bolsa, con un accionariado detrás, lo que harían es cerrar, ya que no tienen una seguridad jurídica, por lo que dejarían de invertir y la empresa cerrará mucho antes de 2033”. Además, afirmó que la propia empresa ya ha comunicado que si la situación no cambia procederían a “un cierre ordenado”.

Cedeira aseguró que con este cierre serían 400 empleados los que perderían su trabajo de forma directa aunque más de 5.000 se verían afectados. También indicó que sería la ruina del sector forestal en Galicia, tras el cierre de otras fábricas, por lo que se agravaría la situación económica de la zona.

Por su parte, José Luis García Pedrosa, secretario de organización de CC.OO. de Pontevedra, comentó el golpe para la “economía de la comarca de Pontevedra”, pues Ence es la principal fábrica de celulosas de Galicia. Comisiones trata de que se modifique ese artículo por medio de “varias enmiendas presentadas” y a través de movilizaciones de manera permanente para que el Gobierno acceda a cambiarlo y “la actividad de Ence no tenga fecha de finalización”.

Por su parte, la empresa emitió un comunicado en el que niega “tajantemente” las acusaciones de “estar promoviendo las protestas realizadas por los trabajadores de la empresa”. Asimismo, la compañía manifiesta su “disposición al diálogo” con las diferentes administraciones junto con los representantes de los trabajadores.

Finalmente, Ence insiste en que “no existe ninguna ubicación alternativa viable desde un punto de vista técnico ni económico” para construir una nueva fábrica de celulosa “en Pontevedra ni en toda la comunidad gallega”. Supondría más de setecientos millones de euros de inversión y nunca encontrarían una ubicación tan idónea como la que ocupan actualmente en Lourizán, como constata un informe técnico realizado por la consultora independiente Idom.

Postura patronal

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) instaba a la supresión del artículo 18 de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, en tramitación parlamentaria, o en su caso a su modificación, eliminando la inseguridad jurídica y la falta de estabilidad que de otro modo generará a las empresas gallegas del sector Mar-Industria, ya que si se aprobara en los términos propuestos modificaría la Ley de Costas y podría obligar al cierre de numerosas instalaciones y a la pérdida de miles de empleos.

La patronal gallega considera que es necesario unir esfuerzos para defender desde Galicia un sector estratégico para la comunidad autónoma –cuenta con 4.000 empresas y 37.000 empleos–, seriamente amenazado por la iniciativa legislativa y que puede dar lugar a la deslocalización de actividades.

Igualmente, en la línea de la iniciativa aprobada por el Parlamento de Galicia recientemente, la CEG considera necesario que la comunidad gallega sea competente para la gestión del dominio público marítimo terrestre, dadas las particularidades y necesidades específicas del territorio en esta materia. De esta forma, la comunidad gallega podría gestionar las autorizaciones y concesiones en el dominio marítimo-terrestre, que afecte a numerosas industrias a lo largo de los más de 2.000 kilómetros de costa, afectados ahora potencialmente por la nueva disposición en tramitación.