Los conflictos por lindes en fincas gallegas cuestan 20 millones al año
El elevado número de parcelas en España y el sistema de registros inmobiliarios, poco coordinados y mejorables, contribuyen a provocar que los conflictos por la delimitación de fincas representen un coste anual de 200 millones de euros. Así lo detallan desde la Asociación Española de Geómetras Expertos (Aegex), donde recuerdan que en el conjunto del Estado hay 39 millones de fincas rústicas y 3 millones urbanas, que alcanzan un valor del suelo total de 500.000 millones, o lo que es lo mismo, el 30 % del PIB.
Estos expertos, que luchan porque se incorpore su profesión, geómetra, como controlador en el registro de la propiedad para agilizar la ubicación y delimitación geográfica, argumentan que “solo en Galicia hay más parcelas que las que suman Suecia y Noruega: 11,5 millones de 1,6 millones de titulares”, según destaca Alejandro Guinea de Salas, presidente de Aegex.
En un comunicado explican que los datos oficiales sobre la propiedad de estos cientos de miles de fincas y parcelas “abruman y describen un paisaje de caos administrativo, judicial y social”. Basta con consultar, alegan, el Catastro y diferentes organismos del poder judicial –Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, TSXG...– para confirmar la magnitud del problema: cada año se abren 3.000 procedimientos judiciales relacionados con linderos, titularidades, conflictos o expropiaciones, entre otros, que cuestan a administraciones y particulares los citados 200 millones de € al año.
Consultamos a Aegex sobre la situación específica de Galicia, y su coordinador, Pedro J. Ortiz Toro, quien citando la estadística sobre casos judiciales, certifica que hubo 3.126 en los últimos 20 años, de los 31.000 en toda España. Extrapolando cifras, siendo los gallegos el 10 % del total, ascenderían a “unos 20 millones anuales” el coste que se paga en la autonomía.
Ortiz Toro aprovecha también para destacar que “hay poca transparencia en los datos y no existe un estudio consistente del alcance de este problema, pues no creo que interese a muchos de los que operan en el mercado inmobiliario”. A su entender, dice con dureza, “la falta de transparencia favorece los intereses especulativos y corrupción política con un claro damnificado, el ciudadano”.
El culpable, el particular
Esta asociación pone el foco en el sistema de registros de inmuebles, y en concreto en una de sus principales fuentes de conflictos: toda la responsabilidad recae sobre el usuario. “El ciudadano tiene unas obligaciones que, quizá por ser lego en la materia, producen efectos perjudiciales”, apuntan en Aegex. “Es él el que tiene que comunicar al catastro que es el titular, pero solo está obligado a inscribir en el Registro de la Propiedad en supuestos muy concretos como cuando hay un crédito hipotecario!. La curiosidad de estos dos caminos tan diferentes, explica, es que “en la práctica, lo que sí es obligatorio no se practica, y el Catastro tiene que inspeccionar de oficio. Y lo que no es obligatorio, se da con mucha frecuencia, y casi cualquiera que adquiere un inmueble lo inscribe después de escriturarlo ante notario”. Esto supone una indudable seguridad jurídica, pero acusa de forma importante una falta de representación gráfica de terreno.
Soluciones
Según estos profesionales, “hay una grave problemática en la identificación geométrica de una propiedad, ya que la descripción que aportan el Catastro y el Registro de la Propiedad no suelen coincidir”. Cada uno obtiene esta información –como datos de superficie o colindantes– por su cuenta, y “puede darse el caso de que una finca lleve inscrita 100 años, pero su descripción sea tan vaga que no se pueda verificar que la nueva sea la misma, y aquí surgen los conflictos por la titularidad y la ocupación indebida”, alerta Ruben Martínez Naveira, secretario general de Aegex. “Con la reforma legislativa de 2015 se impide que se pueda crear una finca registral sin una precisa identificación de su ubicación y linderos georreferenciada en sistema oficial, pero este sistema es mejorable, ya que se sustenta exclusivamente en la cartografía catastral que tiene una alta incertidumbre sobre la ubicación y linderos precisos reales”.
La asociación cree que para ello hay que incorporar dos elementos que supondrían un cambio de paradigma. Por un lado, una firme apuesta por incorporar la obligatoriedad del deslinde para los casos que ya contempla la ley actual, y por otro, la inclusión del geómetra como figura de control, con el mismo estatus que el del notario, para atestiguar transacciones y alteraciones, y ofrecer control sobre la definición del inmueble en todos los escenarios, el municipal y el resto de las administraciones. Algo que ya ocurre en países como Francia. “No puede ser que no haya una normativa que obligue a dar seguridad sobre una propiedad”, concluyen.