Los Franco devuelven Meirás mientras se resuelve la sentencia
Los abogados de la familia Franco, mediante una notificación que llegó este martes al juzgado de Primera Instancia nº 1 de A Coruña, mostraron la voluntad de los herederos de Francisco Franco de entregar “provisionalmente” la gestión del Pazo de Meirás al Estado. Ello será mientras no sea resuelto el recurso, que presentaron el 9 de octubre contra la sentencia del mismo órgano judicial que los condenó a su devolución al Patrimonio público.
La cesión temporal del inmueble y la finca solo se puede convertir cuando exista una sentencia firme que ratifique la emitida el pasado día 2 de septiembre por la magistrada Marta Canales. El caso se encuentra pendiente de resolución del recurso ante la Audiencia Provincial, tras ser aceptado el 14 de octubre, pero puede acabar en casación en el Tribunal Supremo.
La decisión de los familiares descendientes de Franco fue tomada, según se explica en la notificación, al tener conocimiento de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase que el Gobierno solicitaría la ejecución provisional de la sentencia. Lo hizo tras valorarlo previamente con la Abogacía del Estado, en una reunión telemática celebrada el 29 de octubre, en la que participó su jefa Consuelo Castro, los letrados que intervinieron en el juicio, Javier Suárez y Adela Álvarez, y el delegado del Gobierno, Javier Losada.
El ministro entonces había manifestado que “es una reclamación de la ciudadanía, las instituciones y administraciones”, que sea “el Estado el que tenga la gestión y no la Fundación Francisco Franco”. “Es una deuda histórica y sirve para fomentar la reconciliación desde el recuerdo y no desde el olvido”, añadiera.
EL INMUEBLE DE LA CIDADE VELLA. Por otra parte, el Gobierno municipal de A Coruña presentó ante la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta su solicitud para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa Cornide, propiedad de los descendientes de Carmen Polo, quien fuera esposa de Francisco Franco.
Lo hace en base a un documentado expediente realizado por varios expertos, y dirigido por el profesor universitario Alfredo Vigo Trasancos. La declaración BIC es el paso previo del Concello para solicitar posteriormente su restitución al patrimonio municipal, tras la peculiar subasta pública de 1962. La Xunta tiene seis meses para decidir si acepta tramitar la petición, e investiga los datos aportados para su verificación.