Misión posible: expropiar el aluminio galaico y asturiano

La única duda sería la de quién le pone el cascabel al gato, si el Estado o la Xunta porque, según la versión 2.0 del estudio elaborado por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña Carlos Aymerich, cualquiera de estas administraciones, o las dos a la vez, tienen en su mano nacionalizar las plantas de Alcoa y Alu Ibérica usando las ayudas de recapitalización que aprobó la Comisión Europea.

El profesor presentó la actualización de un informe que el año pasado realizó para las antiguas plantas de A Coruña y Avilés –hoy en manos de Grupo Riesgo antes de Parter, a quien se les vendió Alcoa–, titulado ahora Alternativas para el mantenimiento del empleo y de la actividad en las plantas de aluminio primario de San Cibrao, A Coruña y Avilés, elaborado a petición de la CIG, que incluye la megafactoría de A Mariña, los nuevos apoyos comounitarios. y receta dos posibles vías de intervenir las plantas. Todo el aluminio primario gallego y asturiano, únicos productores en toda España.

En rueda de prensa y según recoge Efe, Aymerich alega que la Comisión Europea, a través del Marco Temporal de Medidas de Ayudas Estatales para apoyar la economía tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, publicó el día 8 de mayo su criterio sobre ayudas de recapitalización, destinadas a que los poderes públicos puedan entrar en el capital de empresas privadas.

“Tenemos ahí una posibilidad aceptada por Europa”, aseguró, que detalló que, con estas ayudas, tanto el Gobierno gallego como el español podrían intervenir cualquiera de las tres fábricas de aluminio. El problema es que precisan del consentimiento de la empresa, algo que, según este investigador, las administraciones podrían conseguir porque tienen “poderosos argumentos” para negociar con Alcoa exponiéndole los costes y consecuencias del cierre.

¿Que se niega? Entonces hay un plan B que pasa por una intervención pública que aplique las disposiciones vigentes en materia de expropiación forzosa o por medio de un decreto-ley expropiatorio específico, ya que “el interés social es evidente” para mantener los puestos de trabajo y la producción de aluminio. “Por mucho menos dinero de lo que le costó al Gobierno rescatar las autovías radiales de Madrid podríamos rescatar un sector estratégico como la producción de aluminio”, aseguró Aymerich. Y citó como ejemplo lo que hizo Italia en la fábrica de Alcoa en Cerdeña, que “está reactivando su actividad”. Tocaría hallar un “socio industrial solvente” después de la nacionalización.

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, cargó contra el Gobierno y la Xunta por la “nula voluntad política” demostrada ante la “dramática situación” de estas plantas. De ambas administraciones demandó “actuaciones rápidas y decididas” para “la intervención pública”, pues considera que es “la única vía para garantizar el empleo y la producción de aluminio”.

Mientras, la miembro del comité de Alcoa San Cibrao Águeda Fontela lamentó que están “muy limitados de tiempo” por el proceso de ERE y criticó que la Xunta y el Gobierno realizasen muchas promesas, pero en la realidad “no hay nada”. El delegado de la CIG en Alu Ibérica A Coruña Julio Moskowich ha pedido que “más allá de las disputas electorales” se pongan “de acuerdo” las dos administraciones para realizar “una adquisición publica de las plantas de Alcoa y Alu Ibérica”.