Nuevo decreto anticrisis: 200 euros para los más vulnerables y transporte público a mitad de precio

Precios desorbitados en todos los productos de primera necesidad. Desde el supermercado hasta la factura de la luz pasando por las gasolineras son tres pesadillas recurrentes para todos los españoles. A pesar de las medidas puestas en marcha el pasado 1 de abril dentro de un paquete amplio para paliar las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania, entre las que se incluía la subvención de 20 céntimos por litro repostado, los precios no bajan.

Así las cosas, los ciudadanos ya no saben qué hacer para llegar a fin de mes, por lo que muchos esperaban como agua de mayo (o, más bien, de junio) al Consejo de Ministros extraordinario de este sábado, en el que el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunciaría otro nuevo paquete de medidas, como salvación a una desbocada inflación.

“Vamos a extender las ayudas del nuevo paquete de medidas hasta el próximo 31 de diciembre en respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Putin”, proclamó Sánchez nada más subir al estrado, culpando una vez más de todos los males al mandatario ruso. “Desde el principio de la invasión rusa somos muy conscientes de las dificultades de la industria debido a la escalada de precios y, hace tres meses, aprobamos un primer plan de respuesta con medidas acordadas por todos los sectores afectados, las formaciones políticas y los actores sociales”, aseguró, destacando que, gracias a ellas, España, con una inflación del 8,7 % está aún por debajo de la tasa de 17 países de la UE.

Aún así, se mostró consciente de que sigue siendo una cifra muy elevada, de ahí la importancia de este nuevo decreto, que, según indicó, podría “contener la inflación en 3,5 puntos, es decir, contener el alza de los precios”. Y es que, en caso de no aplicarlas, el IPC podría llegar a dispararse hasta un 14 o un 15 %, según los cálculos del Gobierno.

Pero, como nada es gratis, poner en marcha las nuevas medidas supondrá un desembolso de otros 9.000 millones de euros: 5.500 millones en gasto para proteger a familias, trabajadores y sectores específicos de la economía, y 3.600 millones en reducción de ingresos como consecuencia de las rebajas fiscales que la norma contempla. Unos 9.000 millones que se vienen a sumar a los 6.000 anteriores, lo que supone que entre los dos decretos el Gobierno habrá invertido cerca de 15.000 millones. “Esto es más de un punto del PIB de nuestro país”, apuntó el presidente español.

Así, las principales novedades que incluye el decreto pueden resumirse en tres puntos, más un cuarto que, aunque no pertenece al decreto actual, sí está muy relacionado con su objetivo: aliviar la presión sobre los más vulnerables y conseguir redistribuir la riqueza generada en tiempos de crisis. Veámoslos.

AYUDA DIRECTA DE 200 EUROS Y SUBIDA DE UN 15 % A LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVAS. Esta es una de las medidas más relevantes contempladas en la nueva norma, pues se destina a los autónomos y a los desempleados con bajos ingresos, principalmente. Desde el mismo mes de julio, para el que tan solo restan cuatro días, se podrá solicitar. El Gobierno calcula así que con esos 200 euros en forma de ‘cheque’ se podrá paliar de forma directa la subida de los productos energéticos y de los alimentos en estos grupos sociales, con renta inferior a 14.000 euros al año. Esto se traduce en unos 2,7 millones de españoles.

Y también en línea con ayudar a los más vulnerables, se mantendrá el incremento del ingreso mínimo vital en un 15 % hasta finales de año para las rentas más bajas y se aumentarán en un 15 % las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas. “Estamos hablando de un aumento de 60 euros al mes para las pensiones no contributivas, lo que significa 370 euros más de aquí a final de año”, detalló el titular del Ejecutivo estatal.

SIN CAMBIOS EN EL TRANSPORTE PRIVADO Y FOMENTO DEL PÚBLICO REDUCIENDO SU COSTE. En el plano de los combustibles, aunque la población estaba esperando con ansias que esa ayuda de 20 céntimos por litro no solo se extendiese hasta final de año –que es lo que finalmente anunció el presidente Sánchez–, sino que, además, se viese incrementada hasta un valor superior, teniendo en cuenta que las petroleras ya se han comido toda la subvención, no ha habido novedades.

Sí en el plano del transporte público, cuyo uso se verá incentivado mediante la reducción del 50 % en el precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje prestado por el Estado. Los servicios de transporte público que dependan de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, por su parte, se verán financiados por el Estado en una reducción del 30 %, que podrá llegar hasta el 50 % con fondos propios de las comunidades. “Para hacernos una idea, en Madrid un bono mensual de cercanías cuesta 29 euros y pasaría a costar 14,5; en Cataluña, pasaría de 25,55 a 12,7; y en Sevilla, de 34,70 a 17,35”, detalló.

REDUCCIÓN DEL IVA DE LA ELECTRICIDAD DEL 10 AL 5 %. Sánchez recordó que hace ya un año se rebajó el IVA de la luz del 21 % al 10 %, pero, en esta ocasión, como ya anunció hace unos días, la bajada será del 10 % al 5 %. “Para hacernos a la idea de lo que esto significa, con el primer decreto rebajamos en torno al 60 % los impuestos vinculados con la factura de la luz, y ahora estamos hablando de rebajarla hasta el 80 %”, proclamó el presidente.

DISEÑO DE UN NUEVO IMPUESTO PARA GRAVAR LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS DE LAS ELÉCTRICAS. Finalmente, y aunque no se trate de una medida incluida en el decreto, porque debe seguir otros cauces legales para su aprobación, el titular del Ejecutivo estatal anunció, como también se conocía ya, el diseño de un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios que las empresas energéticas están obteniendo como consecuencia del alza de precios. Son medidas similares a las que están adoptando otros países del entorno europeo, como Italia.

“Por decirlo claramente, las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, aportando más los que están en mejores condiciones y protegiendo a la clase media de trabajadores de nuestro país”, sentenció Sánchez. Esta proposición de ley será presentada la próxima semana y entrará en vigor, después de pasar por los trámites pertinentes, el próximo año, a partir del 1 de enero de 2023.