Ofensiva en Madrid y Estrasburgo en defensa de las lenguas minoritarias
La defensa del idioma gallego activó ayer dos frentes ofensivos: uno en Madrid y otro en Estrasburgo. En la capital del Estado Unidas Podemos, Bloque, Bildu, ERC, Junts, PedeCat y la CUP presentaron una proposición no de ley que defenderán el próximo martes en el pleno del Congreso para acabar con lo que consideran un imposición legal del castellano en España.
A tal fin, reclaman extender el uso de las lenguas cooficiales reconocidas (el gallego es una de ellas), garantizar su uso en el Congreso, los tribunales de justicia o RTVE, así como permitir que figuren en el etiquetado de productos, al tiempo que plantean que se reconozcan otras nuevas, como el asturiano.
Estos partidos, junto con el PNV, Más País y Compromís, justifican la presentación de esta iniciativa en la necesidad de que España cumpla con los acuerdos internacionales que ratificó, como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, así como la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos o el Protocolo para la Garantía de los Derechos Lingüísticos, y avale, por ende, la diversidad lingüística y el pluralismo.
“Un Estado debe ser excluyente con todas las discriminaciones, sea cuál sea su razón, también la lingüística”, señalan en el texto, apuntando la situación de “discriminación” a la que, a su juicio, fueron sometidos en algunas comunidades con lenguas propias distintas del castellano. Así las cosas, en su proposición, de cuya defensa en el Pleno se encargará Bildu, los partidos firmantes instan al Gobierno a impulsar acciones para que lenguas como el catalán, euskera, gallego o valenciano gocen “del mismo reconocimiento” que el castellano, y sus hablantes “de los mismos derechos y deberes”, y a garantizar que los funcionarios que prestan servicios en esos territorios las conozcan.
En la redacción original, los proponentes también emplazaban al Gobierno a garantizar el uso de las diferentes lenguas en instituciones nacionales, entre las que citaban las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social y empresas públicas como Radio Televisión Española. Sin embargo, la Mesa del Congreso, atendiendo las indicaciones de los letrados de la Cámara, pidió a las fuerzas políticas promotoras de esta iniciativa reformular este punto en tanto que no pueden instar al Ejecutivo a acometer actuaciones que “exceden de su competencia”, según argumentaron los servicios jurídicos de la Cámara.
En el texto final aparece este punto ya modificado, con el que Unidas Podemos y el resto de partidos llaman al Gobierno a aprobar iniciativas legislativas para garantizar el uso de las lenguas diferentes del castellano en las Cortes Generales, los tribunales Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional, organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, u otras empresas y entidades públicas como RTVE.