Palo de 48 millones a los concellos gallegos por la anulación de la plusvalía
La preocupación se ha instalado entre el 30 por ciento de los alcaldes gallegos ante el “deterioro” de las finanzas locales y la inseguridad jurídica. En plena redacción de los presupuestos municipales de 2022, sus previsiones de ingresos se tambalean como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el sistema de cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía, porque, en conjunto, la suspensión del cobro del gravamen conllevará que dejen de ingresar 47.788.000 euros, sin expectativa sobre su recuperación inmediata.
En medio de las turbulencias locales, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo urgió este miércoles al ejecutivo de Pedro Sánchez a emprender un camino para reformar la ley.
Abel Caballero, tras asegurar que el gobierno vigués ha introducido cambios en el sistema de cálculo de la plusvalía para hacerlo más conservador y realista en la aplicación de la tasa, en un intento de “evitar” el carácter “casi” confiscatorio del impuesto, defendió el papel reivindicativo de la Femp a fin de que se introduzcan modificaciones. “Desde que yo soy presidente, desde septiembre de 2015, pedimos al Gobierno de España reformar la ley”, aseguró.
Entre los objetivos del cambio legal demandado por los concellos, según Caballero, figuran contar con seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para la administración local. “Se vuelve muy urgente reformar la ley para la seguridad jurídica”, insistió. Acto seguido remarcó que la rebaja de ingresos se produce en plena postpandemia, “donde las administraciones locales asumimos gastos que no nos corresponde”.
Caballero demanda que la reforma de la ley “sea justa para los ciudadanos”.
El presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Alberto Varela, reseña la preocupación por un fallo judicial que afecta al 1,88 por ciento de la financiación local. Reclama tanto a la Xunta como al Gobierno un “mecanismo de financiación adecuado, equitativo y estable”, además de la reforma del sistema de financiación.