¿Paz? Alcoa responde con una batalla judicial

En plena cuenta atrás para la reunión de la mesa multilateral convocada por el Ministerio de Industria para la próxima semana, en la que Gobierno, Xunta y trabajadores prevén reunirse, aunque se duda de la presencia de Alcoa, la multinacional estadounidense comunicó a su plantilla que irá contra las cautelares.

Frente a ña oferta el lunes del comité de empresa de “paz social” si se fienta a negociar la venta y se olvida del ERE, el grupo comunicó por correo electrónico a la plantilla, en una carta que firma su presidente, Álvaro Dorado, que interpuso el miércoles un recurso de apelación contra el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le impide parar las cubas de electrolisis en la planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo).

Según informan fuentes de la empresa a Europa Press, la resolución de los magistrados, que aceptó en parte medidas cautelares que pedían los trabajadores, “incumple normas procesales”.

A juicio de la compañía –que pretende ejecutar un despido colectivo para 524 empleados de la factoría de aluminio que se negó a vender a Liberty y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)–, esta acción “no cumple con los requisitos legales”, de ahí el recurso de apelación ante el TSXG.

En paralelo, avanzan que la firma “defenderá su posición de que el despido colectivo es necesario” en otro proceso iniciado por el comité de empresa, que impugnó el pasado viernes esa decisión de la empresa que afecta a más de medio millar de empleados.

Según la compañía, es “necesario debido a los factores estructurales permanentes que impactan en la planta de aluminio de San Cibrao, que la han hecho poco competitiva”. Además, asegura haber actuado “de buena fe y de conformidad con la normativa aplicable sobre procesos de despido colectivo”, y reiteró que la planta perdió 151 millones entre enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2020.