Peligra el castellano como lengua vehicular educativa en España

En momentos en los que la incertidumbre sobre la presencialidad o el seguimiento online de las clases para los escolares, según avance o no la pandemia de la covid-19, en el Congreso de los Diputados está en estudio la ponencia de la Ley orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), más conocida como ley Celáa. En ella, la principal controversia es la supresión o no del concepto de fijar en la educación el idioma español como el vehícular en todo el Estado.

Al respecto, los grupos parlamentarios del PSOE, de Unidas Podemos y de ERC llegaron a un acuerdo para presentar una enmienda por la que el castellano no se fije como lengua vehicular en toda España. La iniciativa debe ser votada este jueves dentro de la Ponencia de la Comisión de Educación, un grupo de trabajo que desde hace unos días examina las más de 1.160 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

SIN CONFLICTO EN GALICIA. Desde la Consellería de Educación, se precisa a este periódico que “a lingua non é motivo de confrontación”. Por tanto se afirma que “Galicia nunca vai apoiar modelos que buscan empregar as linguas como escusa para o conflito ou a ruptura. Se o Goberno pretende facelo, recomendámoslle que se fixe no modelo galego como referencia”.

Y recuerda que es un “modelo de bilingüismo totalmente normalizado e avalado polos resultados”, en referencia al último informe PISA, publicado el pasado 22 de octubre, en el que se constata que Galicia “é a comunidade autónoma onde o alumnado fala dúas linguas con máis facilidade”. “O 96% do alumnado afirma falalo bastante ben como para conversar con outras persoas, por diante das outras comunidades con lingua propia”, se argumenta.

“Este mesmo informe sitúanos en cabeza xunto a Canarias en respecto e tolerancia por outras culturas. En cambio, as outras comunidades con lingua propia están nas últimas posicións”, apuntan fuentes del departamento de la Xunta, y concluyen: “Galicia é un referente en materia lingüística e non imos permitir que este modelo de convivencia se vexa alterado por decisións que respondan a outro tipo de intereses e fomenten a intolerancia”.

LA POLÉMICA. La enmienda, que fue adelantada por El País, cambiaría lo previsto en el proyecto de la Lomloe: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”.

La iniciativa, que fue impulsada por ERC, pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan decidir cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque la educación en el idioma castellano estaría garantizada en todo momento.

El objetivo de la iniciativa es la de blindar la inmersión lingüística en Cataluña, garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado y sobre todo que la medida tenga encaje constitucional. De ahí que aún se esté matizando para su debate que se celebrará este jueves.

EN BUSCA DEL CONSENSO. Sobre la cuestión, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, hizo un llamamiento este martes a la prudencia , ya que aún no se votó: “Hay que esperar a los debates que se están produciendo en la propia Comisión a que lleguemos a un consenso lo más amplio posible para que haya perdurabilidad de la ley en los próximos años”, comentó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ayer.

“Hay que dialogar con el conjunto de fuerzas políticas para intentar consensuar un texto que reconozca la libertad, la diversidad y la situación que vivimos en nuestro país, tanto en términos de pluralidad cultural, pluralidad lingüística... la capacidad, por tanto, de que cada uno se pueda expresar en las condiciones que le marca su territorio”, manifestó Montero, quien consideró que “una ley de educación no es una ley más”, sino que “es una de las leyes más importantes” que está impulsando el Gobierno.

Por su parte, Pablo Echenique, portavoz en la Cámara Baja de Unidas Podemos, socio del Ejecutivo central, aseguró que su formación no está en contra de la inmersión lingüística en Cataluña porque “a diferencia de los partidos de la derecha nosotros no estamos en contra, porque pensamos que beneficia a las familias trabajadoras y les garantiza la igualdad de oportunidades”, razonó.