Sesenta mil personas con empleo en Galicia sufren pobreza severa

Si una persona tiene ingresos inferiores a 5.914 € al año, 492 al mes, está en pobreza severa; lo mismo que un hogar con dos aduiltos y dos menores con 12.419 € anuales. Casi 4,3 millones de personas están en esta situación en España. El 40 % tiene menos de 30 años, y solo el 16 % del total recibe algún tipo de prestación pública, con mucha variación entre las distintas comunidades. En el caso de Galicia, son 203.296 las personas que pasan por apuros.

Así se desprende del informe El paisaje del abandono: la pobreza severa en España, de la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES), presentado este jueves y que analiza cuántos son, quiénes y cómo viven los ciudadanos en situación de pobreza severa, que representan el eslabón más débil y más desconocido de la sociedad española.

El sociólogo Juan Carlos Llano, autor del estudio, indica que desde el inicio de la crisis de 2008 hay 880.000 personas más en pobreza severa, “sin tener en cuenta el efecto del coronavirus”, que puede “incrementar mucho” los datos. En términos porcentuales, las cifras más altas se dan en Canarias, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, con entre el 13 y el 16 % del total de su población. En Galicia bajaría al 7,5 %, en España es el 9,2 %.

En valores absolutos, Andalucía agrupa a algo más de 1,1 millones de personas en pobreza severa; le siguen Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña con cifras entre 420.000 y 510.000 personas, que la comunidad gallega reduce a la mitad.

En cuanto al perfil, la pobreza severa afecta casi por igual a ambos sexos (51,2 % mujeres y 48,8 hombres), la mayoría son españoles, el 24 % tiene menos de 18 años y un 40 % está por debajo de los 30 años; uno de cada tres tiene educación secundaria o superior (el 15 % tiene estudios universitarios).

“Es gente que ha hecho los deberes, que tienen recursos más que suficientes para tener un empleo normalizado y no lo consiguen. Permanecen atrapados en una estructura que les mantiene en una situación de la que no pueden salir”, subrayó el autor, recoje Efe. Solamente una de cada tres personas adultas en pobreza severa (32,8 %) está en paro. No es el desempleo, según el informe, lo que define exclusivamente a la pobreza severa, pues el 30,3 % de quienes la sufren, un millón de personas en España, y entre 57.000 y sesenta mil gallegos, están ocupados. “No cualquier trabajo saca de la pobreza”, advierte Llano.

El informe pone también de relieve que tener hijos es un “importante” factor de riesgo, puesto que el 11 % de las personas que viven en hogares con menores están en pobreza severa, porcentaje que se incrementa a medida que aumenta el número de niños.

Además, una de cada cuatro personas que viven en hogares monoparentales están en esa situación.

En diez años la renta media de las personas en pobreza severa ha subido 60 años y es cinco veces inferior a la del resto de la población, lo que significa que “han mantenido la misma situación que tenían en el 2008 o mucho peor”.

Una de cada cuatro personas en pobreza severa está también en “privación material severa” (en 2008 era el 17 %), lo que tiene consecuencias en su calidad de vida.

En este sentido, el 72 % no tienen ninguna capacidad de afrontar un gasto imprevisto, un 14,9 % no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días y un 16 % no está autorizado a acceder a una cuenta bancaria.

Para atajar estas cifras, el presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, pidió actuar sobre la calidad del empleo, tanto a través del Salario Mínimo Interprofesional, como luchando contra la economía sumergida; una nueva prestación con hijo a cargo que vaya mas allá del umbral de pobreza, una ley de vivienda que contemple un parque público en todo el Estado y ayudas al alquiler, entre otras medidas.

Susías ha mostrado su preocupación por algunas noticias de algunas comunidades sobre el posible “desvío hacia otro lado” de la ayuda que van a recibir con cargo al fondo covid de 1.500 euros y ha pedido que se dedique como mínimo a cubrir el umbral de pobreza y a las personas que se quedan fuera del ingreso mínimo vital (IMV).