Indultos con tapabocas

LAS casualidades en política son menos frecuentes que el gordo del Euromillones. Por eso, la coincidencia temporal en los anuncios sobre la concesión de los indultos y la retirada de las mascarillas no es consecuencia del azar. Todos los indicios apuntan a que se trata de una estrategia premeditada, de autoría redonda, la del gurú sanchista, para otorgar al tapabocas la función que de su significado se desprende: poner sordina a las protestas por la forma en que se van a conceder las medidas de gracia. Ambos anuncios forman parte de un mismo acto. Sánchez representó la primera parte hace dos días en Barcelona, a donde volverá mañana seguramente para completarlo. Muchos países europeos pusieron en marcha la retirada de las máscaras al aire libre. España podía haberlo hecho, al menos en aquellos territorios con baja incidencia. Se lo estaban pidiendo las comunidades autónomas, entre ellas Galicia, en bastante mejor situación epidemiológica que nuestros vecinos europeos que ya las tomaron. Como es habitual, el Gobierno llega tarde y arrastro. Y sin duda mal en aquellos lugares donde la incidencia es todavía muy elevada, con el riesgo de que se descontrole por las variantes del virus, especialmente la india.

Al igual que los indultos, el anuncio de las mascarillas se hace con criterio político, en la peor acepción del término. Para excarcelar a los presos se apela a la utilidad pública, un pretexto de carácter especulativo pues todos los indicios indican que no surtirán efecto en el sentido que se nos quiere hacer creer, de vuelta a la normalidad. Todo lo contrario, seguramente dan moral a los independentistas para “volver a hacerlo”, como a diario nos recuerdan. Y finalidad política, en este caso analgésica, tiene también el anuncio sobre los cambios de uso del tapabocas. Los criterios técnicos sobre los indultos los fijaron jueces y fiscales y en el caso de la pandemia debieran ser los expertos. Las decisiones finales corresponden, sí, a los responsables políticos, pero si Sánchez actuara con la rectitud que le obliga el cargo debiera escuchar a los que saben. No lo hace porque los intereses son otros. En este caso, por votos en el Congreso. Claro que a nadie sorprende.