Meirás, la piel del oso

Juan Salgado

EN la acelerada lucha por hacerse con el mérito de lograr que el Pazo de Meirás pase a engrosar el patrimonio nacional y, a mayor abundamiento, capitalizar el destino del inmueble en función de las propias convicciones, asociaciones cívicas, partidos políticos, instituciones públicas y hasta algún juzgado que otro llevan tiempo inmersos en esa fiebre de la celeridad que olvida o se superpone a la debida calma y rigor que requiere todo proceso sometido al dictamen judicial. Convencidos todos de estar del lado de lo correcto, parecen olvidar el sabio consejo que en asuntos de esta índole y a efectos de ganar un pleito recomienda tener razón, saber exponerla y esperar a que te la den.

Lo acontecido con los bienes muebles del polémico edificio –cuya torre reclamaron en otro tiempo, sin duda con más legitimidad que suerte, vecinos y municipalidad de Dodro– revela que de aquel sabio consejo se tomaron a humo de pajas las dos primeras condiciones, acaso por esa aludida convicción de saberse con la razón. Tanto que, en lo que hace al Gobierno central, se sobrepasaron unas cuantas líneas rojas no sólo al atribuir a la perita de Patrimonio Nacional, Pilar Benito, un papel que excedía el recomendado de asesoramiento, sino que la aludida realizó este último cometido sin la diligencia que recomiendan las leyes, acaso convencida de que tratándose de los Franco todo el campo es orégano.

Eso es lo que señala la denuncia interpuesta contra ella. Y algo de verosímil debe haber en dicha demanda cuando el Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid le imputa los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público, revelación de secretos, falsedad o alteración de dictamen o testimonio pericial y estafa procesal. ¡Casi nada!

Idéntica premura o, más que eso, celeridad parece darse a la hora de definir a qué se dedicará un edificio que, cual piel de oso, quiere gestionarse antes de que sea efectiva su titularidad pública.

Pese a tanta precipitación, todo apunta, en lo relativo al Pazo, que aún queda un dilatado recorrido judicial cuya resolución, por más que algún medio de comunicación quiera confiarla a la votación de sus lectores, vendrá de la mano de la más alta magistratura patria, sin que sean descartables superiores instancias.

Por ello mismo, no sería mal consejo afrontar lo que queda de litigio con la calma suficiente y la no descartable posibilidad de que acaso no acaben por satisfacerse al cien por cien los deseos de quienes desde todas las instituciones se erigen como valedores de un, por el momento, solo pretendido latrocinio.

Además del injustificable espectáculo que instituciones pretendidamente serias ofrecen al verse inmersas en estas presuntas tropelías de los poderes públicos contra una familia en concreto, el tantas veces invocado sentidiño aconseja también la necesaria templanza para no caer, como se hizo, en la insustancialidad de lo políticamente correcto.

A la disputa por Meirás para su adscripción y disfrute público le falta más serenidad institucional que propaganda; más efectividad profesional que castillos en el aire. Gánese, y será el tiempo de las celebraciones. Todo a su tiempo.

Porque para frustración colectiva ya llegó el desvirtuado uso a que se condenó a la Ciudad de la Cultura, luego de haber sido sometida a la consideración de toda la intelectualidad gallega su más idónea optimización. Y alumbraron un ratón.