Portugal y Cataluña, nada que ver
LOS portugueses acuden hoy a las urnas para revalidar a Marcelo Rebelo de Sousa como presidente. Las elecciones lusas son, de facto, un plebiscito. Los catalanes están convocados para el próximo 14 de febrero. En ambos casos, las votaciones se celebrarán en el momento de más contagios desde que comenzó la pandemia, tanto en un territorio como en otro. ¿Deberían aplazarse? El sentido común nos dice que sí, aunque en Portugal no es legalmente posible. Tendrían que modificar su constitución y lleva su tiempo.
En Cataluña el PSOE tiene interés en que se celebren cuanto antes para no quemar al candidato. Las encuestas auguran al ministro Illa buenos resultados en este momento. Similares a los de Ciudadanos de hace tres años. La Justicia dictaminará en cuestión de días, pero en su fallo será determinante el nivel de restricciones competencia del Gobierno para luchar contra la COVID.
El candidato socialista es a día de hoy la solución menos mala para recuperar la normalidad política en Cataluña, si entendemos normalidad como el respeto de sus gobernantes a la legalidad prometida, que la cumplan y hagan cumplir. No obstante, un responsable público ha de actuar con ética, con decisiones que redunden en el bienestar general en lugar de sus intereses particulares o partidistas. Y es que cada día resulta más evidente que el Gobierno de Sánchez no decreta el adelanto del toque de queda y que rechaza el confinamiento domiciliario porque la Justicia, ante situación tan extraordinaria, aplazaría los comicios, un retraso que no conviene a su candidato ni a él.
Es un comportamiento lamentable, éticamente reprobable. No solo no toma decisiones sobre la pandemia sino que tampoco las deja tomar a las comunidades. Se muestra inflexible porque teme que si cede la competencia, la Generalitat ordenará las máximas restricciones para evitar el 14-F, lo cual es más que seguro. O sea que entre pillos anda el juego. Ni unos ni otros piensan en los enfermos y muertos catalanes, y mucho menos por supuesto en el resto de las 16 comunidades autónomas. ¡Qué asco de política!