Rufián nos quiere gobernar

Inventarse un enemigo ajeno o exterior para tapar las incapacidades propias es un mecanismo de defensa bien conocido y de uso prominente en la política de bajo nivel. En la catalana, se ha convertido en práctica sistémica. Desde Pujol, o antes, el victimismo es una constante, con buenos resultados, hay que reconocer, y que ahora continúan sus sucesores. La mala gestión en la Generalitat se tapa con acusaciones a España –nos roba– y en particular a Madrid, justo cuando esta comunidad supera en riqueza a la más extensa y poblada Cataluña. También en vísperas de una elecciones, en las que la madrileñofobia es la mejor baza de campaña.

Pues bien, en este contexto entró en escena el máximo exponente de ERC en Madrid, dictando normas impositivas para cualquiera que no sea catalán. Del asunto, como dice la copla de los tiempos de la regente María Cristina, debemos advertir a Sánchez, a que podrían sonrojarle cantándole lo que al amante de la regente : “Rufián me quiere gobernar/ y yo le sigo, le sigo la corriente/porque no quiero que diga la gente/ que Rufián me quiere gobernar”.

Vano intento, todo el mundo sabe que el independentismo catalán, y también el vasco, quiere influir directamente en la política española, no para mejorarla sino en este caso con intención de provocar el enfrentamiento del Gobierno central con los autonómicos y de estos entre sí, según su color político, con el objetivo final de alcanzar la independencia.

La estrategia coincide con la de Bildu, con la colaboración a lo tonto útil de Podemos y la complacencia presidencial, cuya prioridad no son los presupuestos en su esencia sino que formalmente se aprueben para mantenerse en el poder. Bueno, también Iglesias los necesita por el mismo motivo.

No estoy en desacuerdo con la armonización impositiva, si afecta a todos, vascos y navarros incluidos, pero salvando el principio legal de responsabilidad fiscal de las administraciones autonómicas y locales. Pero jamás porque lo imponga cualquier Rufián de la vida. El asunto debe abordarse en primer lugar en los parlamentos autonómicos, después en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y nunca antes de superar la pandemia. Lo primero es lo primero.