Plan de choque del Gobierno para reducir un 22% la factura de la luz
La crisis energética está afectando especialmente a España, por su reflejo en la factura de la luz. La situación vivida desde el pasado mes de junio en el mercado mayorista, con máximos históricos continuos, es ya una de las grandes preocupaciones en la sociedad y está desatando una confrontación política a todos los niveles.
El Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete de medidas para abaratar urgentemente la factura eléctrica que pagan los consumidores y así evitar su impacto en la economía de la familias y en el tejido productivo. El objetivo es que los españoles paguen a final de este año una cuantía similar a la de 2018, como prometió Pedro Sánchez.
Según informó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, las medidas enfriarán el recibo mensual de un perfil tipo de hogar un 22 % hasta fin de año. Si se suma la reducción del IVA del 21 % al 10 %, aprobada en junio pasado, más la suspensión del impuesto a la generación, la rebaja alcanzará el 30 %, aseguró la vicepresidenta tercera.
Entre las medidas que más contribuirán a esta rebaja se encuentran la reducción del IVA al 10% –que el Gobierno descarta prorrogar para el gas–, la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, la rebaja del impuesto de la electricidad al 0,5% o la contribución esperada de 2.600 millones de euros por parte de las empresas eléctricas procedente de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’.
“Estas medidas encajan bien con las acciones que el Gobierno lleva ejecutando desde junio de 2018. Estamos comprometidos con una sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y capaz de facilitar la democratización de los actores que participan en él”, defendió la ministra.
Además, a todo esto se suma un proyecto de ley actualmente en tramitación en el Congreso para minorar también el CO2 a las empresas que producen electricidad pero no generan emisiones contaminantes y, sin embargo, se ven beneficiados por los derechos de emisión. Este concepto minorará la factura un 13% y el Gobierno ya ha pedido tramitarlo con urgencia.
Ribera incidió en que la reducción esperada en la factura no se reflejará en los precios mayoristas que se publican cada día, que seguirán subiendo, dados los desajustes en el mercado internacional del gas, no solo en España sino en el resto de países europeos.
La ministra puso de ejemplo los 441 euros el MWh que se alcanzarán en Reino Unido, los 200 euros en Irlanda, los 174 en Italia o los 168 en países de Europa central como Francia, Alemania o Dinamarca. Las principales variables que afectan a estos precios mayoristas están fuera de control de los estados miembros, explicó, ya que dependen más de la regulación comunitaria. Por ello, el Ejecutivo español ya ha pedido a Bruselas una respuesta coordinada común.
CARÁCTER TEMPORAL Y EXCEPCIONAL. Debido a que las eléctricas tendrán que aportar los 2.600 millones de euros que proceden de cobrar todas las energías al precio más caro –el del gas–, Ribera solicitó a las compañías que entiendan que se trata de medidas excepcionales.
“Confío en que entiendan que se trata de medidas excepcionales en momentos excepcionales. Son medidas temporales y no están pensadas para perdurar en el tiempo, sino para dar una respuesta ágil y eficaz para este otoño e invierno”, señaló.
En este sentido, cree que “corresponde a empresas tan importantes como estas que entiendan que la excepcionalidad debe ser respaldada por su esfuerzo y contribución en este momento”, aunque admite que tendrán que hacer sus cuentas y “tomarán las acciones que estimen oportuno tomar”.
En cualquier caso, Ribera trasladó la confianza del Ejecutivo en que esta minoración es compatible con el marco comunitario y no teme una posible judicialización por parte de las compañías eléctricas: “Es congruente con una sentencia de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europa que determinó que una experiencia previa de minoración del CO2 era compatible con el marco comunitario”.
otras medidas. La ministra Teresa Ribera describió una por una las medidas en la tarifa regulada a la que están sometidos actualmente los hogares españoles. Entre ellas, destacan las nuevas subastas de energía para aportar liquidez y competencia en los mercados y facilitar una energía barata. En concreto, el Gobierno convocará subastas en las que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Edp) estarán obligadas a participar y a vender parte de la energía que generan en función de su cuota de mercado. Estas ofertarán 15.830 gigavatios hora (GWh), equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.
Mínimos y máximos en los embalses. Por otra parte, las Confederaciones Hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos. Según el Gobierno, se evitarán efectos indeseados sobre la flora y la fauna, y contribuirá a alcanzar los objetivos ambientales fijados por la normativa europea.
Ribera también hizo mención al Suministro Mínimo Vital. A la par de esas medidas coyunturales se incrementa la protección de los consumidores vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo “un Suministro Mínimo Vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes.