España revende 30.000 dosis de vacunas a Andorra dentro de los planes solidarios de la UE

Son miniestados incapaces por sí mismos de negociar con las empresas farmacéuticas, pero bajo el amparo de la Unión Europea pueden estar a cubierto de sus necesidades para combatir la pandemia, a diferencia de lo que sucede con otros países empobrecidos de África, Asia o Latinoamérica.

Así, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado ayer el convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad y Andorra para la reventa de 30.000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID.

Según explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a través de su cuenta de Twitter, se trata de “un ejercicio de responsabilidad y solidaridad obligado ante la imposibilidad de pequeños países de firmar contrato con las farmacéuticas”.

El BOE detalla que en el contexto de las negociaciones llevadas a cabo por parte de la Comisión Europea para adquirir vacunas, se recogía la necesidad de que algunos países de nuestro entorno pudieran beneficiarse del acceso a las vacunas que garantizarían estos contratos.

Entre los países que se consideró que debían poder beneficiarse en primera instancia de este esfuerzo estaban los países del Espacio Económico Europeo (EEE, Noruega, Islandia y Liechtenstein) y los pequeños países situados en el corazón de la Unión Europea (Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano) y que dependen enteramente de la cadena de suministro de sus vecinos para la provisión de medicamentos.

En el caso del Principado de Andorra, se acordó que España facilitase una parte de las dosis asignadas de vacunas elaboradas por Pfizer y BioNTech en los términos fijados en el acuerdo de adquisición anticipada.

Italia se hizo cargo de San Marino y Ciudad del Vaticano; Francia se responsabilizó de Mónaco; y España y Francia de Andorra.

Y, con el fin de simplificar las necesidades de acuerdo y firma de contratos, hubo un compromiso entre España y Francia para que España se hiciera cargo del envío de las dosis de Pfizer y BioNTech y Francia de las dosis de Moderna y AstraZeneca.

El acuerdo entre los ministros de Sanidad de España y Andorra se concretó en un convenio firmado el pasado 15 de enero en el que se especifican las condiciones en las que se llevará a cabo la reventa de las 30.000 dosis, al mismo precio que las adquirió España.

Por otro lado, a petición del laboratorio, se firmó también un documento por ambos ministros y un representante de la compañía, concretándose el consentimiento de Pfizer/BioNTech con la operación, así como el régimen vigente de responsabilidad.

De otro lado, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, anunció el plan del Gobierno con el que se busca garantizar el acceso a vacunas contra la COVID a los países más pobres que no pueden hacerlo por sus propios medios y que se espera que consiga el consenso necesario de los socios europeos para que lo asuma la Unión Europea.

El objetivo, subrayó, está en línea con la petición de la Organización Mundial de la Salud de que el acceso a la vacuna sea “universal y equitativo” a nivel mundial, habida cuenta que de por ahora, de los 40 millones de dosis que se han administrado en 50 países ninguno de ellos es pobre y de que nueve de cada diez ciudadanos de los 70 países más desfavorecidos no serán vacunados este año “a menos que esto cambie”.

Ante estas circunstancias, subrayó, “la respuesta española no puede ser la indiferencia” puesto que esto no protege ni la salud ni la economía, sino que “es la solidaridad la que nos va a permitir proteger la salud de nuestros ciudadanos y la que nos va a ayudar a la recuperación económica”. Así pues, el Plan de Acceso Universal aprobado en el Consejo de Ministros está sustentado en consideraciones de justicia, equidad y solidaridad.